Era el mes de agosto de 2011 cuando la Fuerza Armada de El Salvador, por intermedio del comandante de la Brigada especial de seguridad militar, informaba al Ministro de Defensa, David Munguía Payés, que nueve militares se habían refugiado en un cuartel para evitar ser arrestados por la Policía, según una orden de captura internacional, por el caso de la masacre de los jesuitas en noviembre de 1989 (Terre d’America del 10 Novembre 2013).
Este documento –admitió días atrás el Ministerio de Defensa que debía custodiarlo- ahora ha desaparecido. Lo que implica importantes repercusiones en la causa iniciada en España contra los militares, de los que Madrid ha pedido hace tiempo la extradición. En España, en efecto, se lleva a cabo un proceso contra ellos desde 2009, en el que se los acusa de haber cometido delitos de lesa humanidad y terrorismo. Según la ley salvadoreña, la extradición solo es posible cuando los imputados han sido inequívocamente identificados. Lo que el documento desaparecido garantizaba era su localización y precisamente sobre esta base España ya había presentado en enero de 2012 un pedido oficial al Gobierno salvadoreño para que procediera a la extradición de los militares. En aquel momento la solicitud fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano con el argumento de que en la época de la ratificación del tratado de extradición entre ambos países, El Salvador tenía una Constitución distinta que no contemplaba el procedimiento de extradición.
La desaparición del documento, por lo tanto, podría convertirse en un ulterior obstáculo para esclarecer la verdad sobre la masacre de los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López y la mujer de servicio Julia Elba Ramos junto con su hija Celina Ramos.
Detrás del documento de las Fuerzas Armadas hay una historia que tiene el sabor amargo del ocultamiento y la impunidad. En el documento desaparecido, el comandante, coronel René López Morales, informaba al ministro sobre la llegada inesperada de los oficiales acusados a la Brigada que en ese momento estaba bajo su mando. Ponía al corriente sobre dicha situación por la posibilidad de retenerlos en el cuartel “con la finalidad de constituirse en detención preventiva”. Los nueve militares habían llegado al cuartel para pedir refugio en razón de la orden de captura internacional con prioridad roja emitido en esos días por la Interpol. El arresto se llevó a cabo por la presión internacional y el apoyo de la misma opinión pública salvadoreña, pero luego fue revocado por la intervención de la Presidencia de la República primero y de la Suprema Corte de Justicia más tarde, tras haber deliberado y decidido que la orden de captura de Interpol no implicaba automáticamente la detención de los imputados sino solamente su localización, a la espera de la solicitud de extradición. Gracias a esa decisión los militares acusados pudieron recuperar la libertad pocos días más tarde, y permanecerán en libertad hasta que se decida efectivamente su extradición a España.
Así se llega al documento desaparecido.
Una desaparición que, según las palabras de Roberto Burgos, coordinador de la Oficina de asistencia legal y anticorrupción de El Salvador, es como mínimo sospechosa: “Se está ocultando”, acusa sin medios términos. “Resulta totalmente dudoso que un documento de tal importancia no forme parte de los archivos militares, sobre todo tratándose de un documento en el que consta el sello de la secretaría Ejecutiva del Ministerio”. Para Burgos es un caso claro de “ocultamiento para mantener la impunidad”. De la misma opinión es el hombre que preparó el documento, el abogado y asesor del Ministerio, Manuel Chacón: “Ese documento lo llevé al juzgado, en él informábamos que los señores militares estaban detenidos… pero el documento debería estar tanto en el juzgado como en el Ministerio de la Defensa”,
El caso continúa y España reclama los militares, que entre tanto se encuentran libres en El Salvador. Solo en la eventualidad de que salieran del país con la orden de captura pendiente, correrían el riesgo de ser arrestados y extraditados.
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