“Llevamos semanas ya subiendo al cerro todos los días sin alimento, sin beber agua, pero la lucha de nosotros es por hallar a nuestros familiares. Si usted nos acompañara y viera el dolor. Tapados con ramas, con piedras, hacen corralitos de piedra y basura y así están, como animales. Eso no es enterrar. No escarbamos mucho y ahí están. Encontramos chores, playeras, zapatitos de niño o niña, ropita, una credencial de elector de un muchacho de Teloloapán, los zapatos de una jovencita. Fueron a aventarlos ahí, donde se arma la zopilotera”, dice Luisa, la madre de Carlos Escobar Bastián, desaparecido en enero de 2014. Ella forma parte del ejército de “desenterradores” que, cansados de que los ignoren las autoridades, decidieron organizarse solos para empezar a buscar a sus familiares –hijos e hijas, nietos, maridos- desaparecidos. Desde que empezaron a trabajar –hablamos del estado de Guerrero, el mismo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa- encontraron más de 60 fosas.
La revista mexicana Proceso cuenta lo que está ocurriendo con ellos.
Al principio eran 50, y ya el primer día encontraron ocho cuerpos. Llevan anteojos oscuros y sombreros con ala ancha por miedo a ser identificados, porque saben que están en tierra de sicarios. Al cabo de una semana, la Procuraduría de la República, preocupada por el ininterrumpido descubrimiento de fosas y cuerpos, decidió intervenir para supervisar la búsqueda. Eso ocurrió el 16 de noviembre del año pasado. Desde entonces, solo en la ciudad de Iguala y sus alrededores se encontraron 39 cuerpos enterrados clandestinamente y 75 –entre cadáveres y restos- en la fosa común municipal. En total, se inspeccionaron 63 fosas, de las cuales 16 contenían restos humanos. Después, durante la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hallaron otras 6 con treinta cuerpos carbonizados: “Nueva parada en el carrusel de los horrores”, tituló aquella vez el Washington Post. Porque los restos no eran de los estudiantes.
Y sin embargo esos números son una nimiedad comparados con las estadísticas nacionales, que relevan más de 22 mil desaparecidos. 2014 es el año que registra la mayor cantidad de desapariciones: 5.098. El diario La Jornada calcula que en México desaparecen 14 personas por día. “Vivimos en un cementerio”, concluye Juan Jesús Canaán, que busca a un sobrino perdido en 2008. Pero paradójicamente ha sido esa conciencia de formar parte de algo muy común en México lo que impulsó a las familias a unirse en una organización denominada “Comité de Familias Víctimas de Desaparición Forzada” y tomar consciencia por primera vez del desinterés de las autoridades por los desaparecidos.
Las desapariciones se convirtieron en una plaga durante el gobierno de Felipe Calderón y se consolidaron como triste realidad en el actual de Enrique Peña Nieto. La comunidad internacional también empezó a monitorear la situación, sobre todo después de los hechos de Ayotzinapa, y en febrero México deberá comparecer ante el Comité Especial de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, que tiene en sus manos el estudio de 318 casos.
Entre tanto las familias, a pesar de las restricciones de la policía judicial que les prohibe excavar, siguen rastrillando los cerros. El método que utilizan –y que despierta la burla de los forenses profesionales- consiste en clavar una varilla de hierro allí donde la tierra ha sido removida y golpearla con una maza. Al sacar el fierro le huelen la punta para detectar el olor a difunto. Después vuelven a clavarla, centímetro a centímetro. Por su parte las autoridades intentan colaborar y el gobierno ha puesto a disposición de las familias asistencia médica, psicológica y legal. Pero para ellos sigue siendo insuficiente. “Si ésa es la capacidad de respuesta que tiene la máxima autoridad, es triste. Siempre nos dicen que entendamos, que no somos los únicos con este problema, que son 22 mil desaparecidos, que los antropólogos son insuficientes, pero si seguimos su ritmo vamos a tardar años en ir a los otros puntos donde sabemos que puede haber fosas”, explica a Proceso Xitlali Miranda, secretaria de la agrupación. Otras veces, en cambio, se produce un enfrentamiento directo entre las autoridades y las familias. Algunos critican la inexperiencia del personal del gobierno. “En la Procuraduría han descartado lugares que dicen que ya terminaron (de peinar), y nosotros seguimos encontrando fosas. Por eso tienen que volver. Nosotros somos de campo, sabemos dónde hay algo, dónde cavar. También nos damos cuenta quién no sabe usar una pala, ellos a lo mejor tienen experiencia de tanto leer, de sus clases, pero descartan zonas donde hay raíces y la antropóloga no distingue el olor de agua estancada de donde el olor es diferente”, dice Juan Jesús Canaán
El objetivo del Comité de Familias Víctimas de Desaparición Forzada también es lograr que haya cada vez menos personas que no presentan la denuncia por miedo. La Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido 235 denuncias por desaparición en la región, de las cuales 25 corresponden a mujeres. El Comité tiene otras 100. Según el análisis de Julia Alonso, representante de Ciencia Forense Ciudadana, en el 75% de los casos los responsables fueron policías municipales. Durante el período de gobierno de José Luis Abarca, el alcalde acusado de dar la orden de atacar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las desapariciones aumentaron en forma impresionante. De los 235 casos registrados, 110 ocurrieron en Iguala. Y al mismo tiempo, según un informe oficial publicado por el diario La Jornada, cerca de 100 narcos trabajaban como policías municipales en la gestión de Abarca.
Hoy las familias de la zona se reúnen en la iglesia de San Gerardo, donde los enviados del gobierno también proporcionan asistencia legal, médica y psicológica. En el salón de reuniones de la iglesia las familias comparten sus historias y planifican la búsqueda. La experiencia que ellos viven está sirviendo de inspiración para los familiares de víctimas de otras regiones de México. “Han venido de otras partes y les contamos nuestra experiencia y les decimos: No esperen a que la autoridad venga a buscar, organícense, empiecen sus búsquedas. Ojalá sirvamos de ejemplo porque la autoridad ni quiere hacerlo ni tiene capacidad”, dice la secretaria, Miranda. En la iglesia, muchos visten la misma camiseta con la leyenda “Hijo mientras no te entierre te seguiré buscando”. A diferencia de otras partes de México, aquí la gente sabe que la posibilidad de encontrar a alguien vivo es prácticamente nula. “Por eso empezamos a buscar en fosas”, explica Mario Vergara, el jefe del equipo de búsqueda. “Aunque nos guardamos un espacio para nosotros de que está vivo”.
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