Con una decisión largamente esperada Estados Unidos dispuso extraditar a España a un militar salvadoreño de alta graduación acusado de estar involucrado en el asesinato de los padres jesuitas, la empleada doméstica y su pequeña hija, en noviembre de 1989, dentro de la Universidad Centroamericana de San Salvador. La resolución, sobre la cual no había ninguna certeza, permitirá continuar el proceso contra Inocente Orlando Montano, ex coronel y viceministro de Seguridad, uno de los 19 militares acusados de participar en la planificación de una de las últimas masacres que se ejecutaron antes de que terminara la guerra civil que ensangrentó El Salvador durante dos décadas y que concluyó con los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla en 1992.
El Departamento de Estado ha reconocido, con la extradición del ex oficial, que existen acusaciones fundadas en su contra que deben ser evaluadas por una corte penal y pueden derivar en un proceso. Por otra parte, la justicia estadounidense ha documentado la responsabilidad de Montano en cerca de mil violaciones graves de derechos humanos, incluyendo múltiples casos de asesinato además de la masacre de los jesuitas. Montano era supervisor de una emisora de radio que algunos días antes de la masacre había amenazado de muerte a los jesuitas. Se cree que participó en diversas reuniones, en una de las cuales se dio la orden de matar a los sacerdotes de la Universidad Católica Centroamericana sin dejar testigos.
Lynn Karl, profesora universitaria especializada en el conflicto salvadoreño, ha elaborado un informe para la Justicia estadounidense que señala a Montano como el oficial al mando de unidades militares que asesinaron a 65 personas y efectuaron cientos de detenciones arbitrarias y torturas. La acusación contra Montano se remonta al año 2008, cuando los familiares de algunas víctimas presentaron la denuncia. Pero la justicia ibérica, que decidió intervenir porque algunos asesinados eran de nacionalidad española, no emitió hasta 2011 la orden de captura internacional contra el oficial -que entre tanto se había transferido a los Estados Unidos- porque recién ese año se supo que el militar estaba detenido por fraude migratorio y se solicitó su extradición.
Montano se radicó en Massachusetts en julio de 2001 e intentó renovar su estatus migratorio de manera fraudulenta. Detenido y procesado por este delito, que él mismo admitió haber cometido, fue condenado en 2013 a 21 meses. En el curso del procedimiento se comprobó también que el imputado había ocultado información sobre su pasado militar en tres declaraciones sucesivas en los años 2007, 2008 y 2010. Por esa razón, durante el juicio en su contra se escucharon testimonios y se estudiaron diversos informes –de la Comisión de la Verdad de El Salvador (1993), el Barriers to Reform, de Estados Unidos (1990) y otro documento elaborado por miembros del Congreso de EEUU- que demostraban que Montano estaba involucrado en cientos de casos de violaciones de derechos humanos, incluyendo, precisamente, la masacre de los jesuitas de la UCC.
Montano, detenido en una cárcel federal de Estados Unidos, termina de cumplir su condena a 21 meses el 16 de abril y la extradición a España será inmediata.
La rendición de cuentas llega también para el ex general Carlos Eugenio Vides Casanova, que ya fue devuelto a su tierra natal, El Salvador, en un vuelo especial. Vides Casanova fue director de la Guardia Nacional desde 1979 hasta marzo de 1983, cuando fue nombrado ministro de Defensa. Ocupó ese cargo hasta mayo de 1989. Tres meses después, el 21 de agosto, se transfirió a Estados Unidos con una visa de inmigrante y obtuvo la residencia años más tarde. Está acusado de “innumerables actos de violación de derechos humanos”, entre ellos tortura y asesinato.
En 1989, después de la matanza de los jesuitas, se inició un juicio contra los soldados del Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl, responsables de la masacre, pero la Procuraduría General de la República del país centroamericano no procedió con la debida diligencia contra ellos para evitar –afirman las organizaciones de derechos humanos- que se llegara hasta los altos mandos de las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
Vides Casanova arribó el jueves al Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero junto con otros salvadoreños deportados por las autoridades migratorias estadounidenses. La norma aplicada en su contra fue aprobada en 2004 y permite la expulsión de Estados Unidos de quien haya ordenado, participado o colaborado en casos de tortura o ejecuciones extrajudiciales.
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