En Brasil se muere por la tierra, para obtener la que corresponde por derecho propio o para defender aquella donde uno vive. El sábado pasado le tocó el turno a Semiao Vilhalva, uno de los líderes de los nativos brasileños Guaraní-Kaiowá, asesinado por hombres armados durante un asalto a la comunidad Nanderu Marangatu, en la ciudad de Joao Antonio del Estado brasileño de Mato Grosso do Sul, en la frontera con el Paraguay. Su comunidad había vuelto a ocupar una parte de la tierra ancestral y había denunciado que sus vidas corrían peligro.
El homicidio –según la agencia International Survivor, que trabaja por la causa de los derechos de los pueblos nativos- ocurrió cuando rodearon la aldea hombres armados enviados por los propietarios terratenientes de las plantaciones de caña de azúcar que ocupan casi todo el territorio del Estado, en respuesta a un intento de ocupación de la comunidad de nativos que la consideran su tierra ancestral.
La plantación donde vive la comunidad nativa pertenece a Roseli Silva, un empresario que fue acusado por los nativos de ordenar el ataque con el apoyo de políticos locales. El Estado de Mato Grosso do Sul es famoso por los conflictos entre comunidades nativas y terratenientes. Es el Estado con mayor índice de homicidios de nativos americanos. Un informe elaborado por Missionary Indigenous Council registra 754 homicidios entre 2003 y 2013, 487 de los cuales ocurrieron en Mato Grosso do Sul.
En los primeros seis meses de 2015 hubo no menos de 24 homicidios en Brasil debido a conflictos relacionados con la tierra, según los datos proporcionados por el Centro de Documentación de la Comisión Pastoral para la Tierra (CPT) encabezada por monseñor Tòmas Baldwin. En el mismo período de 2014 las víctimas fueron 20, número que ya quedó superado.
El asesinato de Simao Vilhalva ocurrido el sábado no es el primer ataque contra un jefe guaraní. En los últimos diez años mataron 16 miembros de comunidades nativas y en junio incendiaron una aldea de la comunidad Kurusu Mba.
Desde 1993 los Guaraníes solicitan al gobierno la restitución de su tierra originaria. A pesar de las promesas, las grandes plantaciones ocupan 2,4 millones de hectáreas en Mato Grosso do Sul, mientras las comunidades nativas disponen de 77 mil hectáreas de reservas, donde hay asentamientos superpoblados y en condiciones higiénico sanitarias precarias. La “Ruralista” –el lobby de los terratenientes- siempre impidió que las comunidades retornaran a sus tierras originarias, explotando generalmente a los nativos como mano de obra con el beneplácito de las autoridades del Estado.
El mes pasado Naciones Unidas hizo un reclamo oficial a Brasil por las condiciones en que se encuentran las comunidades guaraníes. Entre el año 2000 y el 2013 se verificaron también 662 suicidios en las comunidades nativas, la mayoría entre los 15 y 29 años, y la escasa asistencia de salud ha contribuido a la muerte de más de 14 mil personas en los últimos cinco años. La región ostenta también el primado nacional de desnutrición infantil.
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