La Glasnost del Papa Francisco sobre “el período más oscuro” de la historia de Argentina ya había comenzado pocas semanas después de la primera misa pontificial de tres años atrás, cuando recibió a una delegación de madres de Plaza de Mayo. En esa oportunidad le pidieron que abriera la parte de los archivos que tenían relación con los años de la dictadura argentina, y él respondió que el Vaticano lo haría pronto. Los empleados a las órdenes del arzobispo francés Jean Louis Bruguès, bibliotecario y archivero de la Santa Iglesia Católica Romana, comenzaron a preparar el material que se ofrecería a la atención de periodistas e historiadores, y el mismo Papa envió al obispo de La Rioja (Argentina) Marcelo Colombo las dos cartas que el obispo argentino Angelelli llevaba consigo en el momento de ser asesinado y de las cuales había enviado copia al Vaticano algunos días antes. A través de Mons. Colombo, las cartas fueron entregadas al tribunal que estaba juzgando a los militares sospechosos de ser los mandantes del asesinato. “En la causa de Mons. Angelelli fue decisiva la incorporación de dos documentos que nos envió el Papa para que los presentáramos ante los tribunales argentinos”, reconoció monseñor Colombo el 14 de mayo en una entrevista concedida a Tierras de América.
A todos los obispos sudamericanos que pasaron por Roma, el último de los cuales fue el uruguayo Daniel Sturla, obispo de Montevideo, Bergoglio les pidió que ofrecieran completa colaboración a las autoridades locales para aclarar la verdad histórica y humana sobre el destino de los desaparecidos, cosa que el cardenal nombrado por el mismo Francisco hizo sin demora, asegurando la colaboración de la Iglesia de Montevideo para la búsqueda de los restos de los desaparecidos durante los gobiernos cívico-militares de Uruguay.
La decisión de abrir los archivos vaticanos y permitir el acceso a la información que contienen sobre los años de la dictadura llegó casi en coincidencia con el 40º aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976. “Una fecha para no olvidar”, advierte la Conferencia Episcopal Argentina, que también se dispone a abrir sus propios archivos. Qué se puede esperar de cada uno de ellos es objeto de suposiciones cuando está por cumplirse un nuevo aniversario de la “ruptura del orden constitucional y del estado de derecho”, como prefieren llamarlo los obispos. Sin duda deben contener las notas e informes redactados por los nuncios vaticanos antes, durante y después del golpe militar. Los nuncios argentinos en este período fueron dos italianos, Pio Laghi (1974-1980) y Ubaldo Calabresi (1981-2000). Habrá cartas con diversos tipos de documentos adjuntos, enviadas directamente por obispos que se sentían obligados a evitar el filtro de los nuncios, especialmente Laghi, pero también de superiores y superioras de congregaciones religiosas que estaban conectadas con las casas generalicias de Roma por un flujo de comunicaciones ordinarias, que por voluntad expresa de algunos pudieron haber sido reexpedidas a la Santa Sede. Más interesante, cuando sea posible acceder a ella, será la información que contiene el archivo del obispo castrense y la que a éste dirigían los diversos capellanes militares que entraban y salían de los cuarteles y que no podían dejar de saber lo que se pensaba y –por lo menos en parte- lo que se hacía. En cuanto a los desparecidos y los hijos robados, las expectativas no son muy grandes y el secretario general del Episcopado argentino, monseñor Carlos Malfa, ya anticipó que no hay que esperar mucho más que cartas, peticiones y denuncias de los familiares de las víctimas.
Es sabido que la Iglesia argentina no reaccionó de manera unánime ante los acontecimientos que, especialmente entre 1976 y 1980, provocaron la desaparición de miles de compatriotas. Algunos se opusieron abiertamente a las medidas represivas y pagaron con la vida o con la cárcel, y eran una minoría. Otros callaron, equiparando la violencia de Estado a la de quienes pretendían subvertir el orden social establecido. Otros, contando con noticias escasas o inciertas, trataron silenciosamente de ayudar a los perseguidos. Uno de estos últimos fue Bergoglio, quien dio refugio y ayudó a salir del país a varios potenciales desaparecidos (aunque esto se fue sabiendo poco a poco después de su elección).
Pasaron cuarenta años, y el episcopado en su conjunto vuelve sobre una página de historia traumática y dolorosa, cuyas heridas reconoce que todavía no han cicatrizado. “Sus consecuencias de enfrentamientos, dolor y muerte aún permanecen y se nos presentan como un pasado que tenemos que afrontar y sanar”.
Pocas líneas firmadas por la Comisión permanente en nombre de toda la Conferencia Episcopal que el diario argentino Página 12, en cuyas páginas ha escrito abundantemente el gran acusador de Bergoglio, Horacio Verbitsky, titula “Un cambio en el discurso de los obispos”. El texto de la declaración de estos últimos se refiere a los años de la dictadura como “un momento complejo y difícil (…) que culminó en el terrorismo de estado” y cuyas consecuencias nefastas se enumeran puntillosamente: “la tortura, el asesinato, la desaparición de personas y el secuestro de niños”. Y después se preguntan, casi con desaliento “cómo se pudo llegar al período más oscuro de nuestra historia”. Un período que los obispos reconocen que todavía no se ha superado definitivamente. Baste pensar que en mayo comenzará el proceso más grande por número de víctimas (269), imputados (15) y denuncias (15) de la historia de la provincia de Tucumán, una de las más “reprimidas” por la Junta militar encabezada por el general Videla. Se comprenden así las palabras que siguen a continuación en el documento episcopal: “Sus consecuencias de enfrentamientos, dolor y muerte aún permanecen y se nos presentan como un pasado que tenemos que afrontar y sanar”. Para alcanzar –con dos palabras típicamente bergoglianas- “concordia y amistad social”.
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