Ser esclavas sin que nadie –ni las víctimas ni mucho menos la sociedad- se dé cuenta. Es la suerte que corren muchas jóvenes mujeres y niñas en Bolivia. En las principales ciudades del país andino esta realidad tiene el rostro de niños y niñas obligados a mendigar directamente controlados por adultos. En el campo, en cambio, el fenómeno tiene el nombre de “padrinazgo”: las familias envían a los niños a casa de padrinos, en la ciudad, como fuerza de trabajo gratuita.
Ambas situaciones tiene una cosa en común: las víctimas son invisibles, porque las prácticas se consideran un hecho cultural natural: se hace así porque siempre se hizo así.
Sin embargo, considerando los números el fenómeno es mucho más que un hecho cultural. Según datos de la Dirección de Víctimas de la Procuraduría General, solo entre 2012 y 2016 se interceptaron más de dos mil casos. De estos, 912 –aproximadamente la mitad- son menores de 0 a 18 años, víctimas de prácticas relacionadas con la trata y el tráfico de personas. Y no solo eso: casi todos ellos -840- son niñas y adolescentes.
En los últimos tiempos, sin embargo, hay personas que luchan para cambiar las cosas, tal vez recordando las palabras del Papa contra la trata de personas. “No saben que son víctimas de la trata, y tampoco la población”, explica al diario La Prensa Jimena Tito, responsable nacional para la Protección de la Infancia de la ONG cristiana de ayuda humanitaria y tutela de derechos Visión Mundial Bolivia. “Por eso es difícil tener datos seguros sobre estos casos, porque en Bolivia no existe la cultura de denunciar prácticas de este tipo”.
En realidad, lo más probable es que los números sean mucho más elevados.
Según la experta de la organización no gubernamental, las víctimas más vulnerables son las adolescentes, utilizadas con fines de explotación sexual y laboral. Este fenómeno, explica, comienza con el “padrinazgo”, la práctica habitual y arraigada por la cual una niña es trasladada del campo a la ciudad con padrinos que la emplean, pero sin darle siquiera un salario mínimo.
Pero en un país como Bolivia, considerado país de origen, de tránsito y de destino de víctimas de trata y explotación, lograr que la población tome conciencia no es fácil. “La población en general lo naturaliza, lo hace invisible, no se da cuenta o no sabe que se trata de crímenes. No transmitimos esto en las escuelas”, sigue explicando Tito. “Creemos que la prevención no es solo la atención y la protección de las víctimas, sino también la difusión del conocimiento, para que tanto las autoridades como la población puedan darse cuenta de la gravedad de estos fenómenos”.
Y en efecto, algo está cambiando. Sobre todo a partir de la aprobación (en 2012) de una “Ley contra la Trata y el Tráfico de Personas” –que Tito define “bastante fuerte y consolidada”- y la formación de un Consejo Plurinacional de Lucha contra la Trata y el Tráfico de personas.
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