Será un colosal banco de datos de ADN y de huellas digitales que permitirá dar una respuesta – por lo menos eso – a tantas familias que desde hace años no tienen noticias de sus seres queridos que partieron en busca de una vida mejor y desparecieron en la nada.
En México la Procuraduría General de la República anunció la creación de un registro nacional de las fosas comunes y otro de fosas clandestinas. El material genético será catalogado y comparado con el de personas de las que no se tienen noticias para verificar eventuales correspondencias. No es un trabajo menor, visto que en el último informe sobre personas desaparecidas (RNPED) que envió al Senado y fue actualizado a diciembre de 2015, se registran casi 28.000 mexicanos de los que no se sabe nada. Muchos de ellos – de nada sirve hacerse ilusiones – no pudieron lograr su propósito y terminaron en las redes de bandas criminales y de un viaje que consume todas las energías. Los dos nuevos registros podrán ofrecer respuestas, sobre todo si se llegara a una colaboración con Estados Unidos, que tiene un banco de datos sobre personas desaparecidas y no identificadas, NAMUS (National missing and unidentified person system) con 89.000 muestras de ADN recogidas y clasificadas.
Esto no solo supondrá trabajo para los científicos. Hay que trasladar todos los cadáveres localizados en las fosas clandestinas a nuevos terrenos. Y el gobierno está estudiando la posibilidad de abrir una tercera base de datos sobre personas que viven en estado de indigencia.
Pero hay que poner en marcha los dos primeros registros. En los últimos diez años, siguiendo los datos proporcionados por la Procuraduría General de la República, en las fosas clandestinas del país se encontraron casi 700 cuerpos y solo uno de cada cinco ha sido identificado. Para muchas familias, la inmensa mayoría, a ese drama se suma otro drama: no saber ni siquiera dónde se encuentra el cuerpo de sus seres queridos para poder visitarlos como se visita a los muertos.
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