Brasil es el país con mayor número de juicios laborales del mundo. En 2016 hubo más de tres millones de nuevas acciones legales. El panorama judicial refleja una legislación rígida y una tradición que alienta a los empleados a probar suerte contra el empleador en los Tribunales. El país también es conocido por el elevado número de sindicatos. El año pasado existían más de 16.500 denominaciones, con un rédito anual total de 3,5 mil millones de reales [1,09 biliones de dolares]. Además, el costo que acarrea la creación de un puesto de trabajo en Brasil supera el que se registra en los estados más ricos del mundo, en otras grandes naciones y en los países en vías de desarrollo. En este contexto, el gobierno propuso y el Congreso Nacional ha aprobado una reforma laboral que entrará en vigor en noviembre. Los principales temas que se plantean son la modernización de la Consolidación de las Leyes del Trabajo de 1943 y facilitar la creación de puestos de trabajo en la actual situación de crisis.
El principal pilar de la reforma es la posibilidad de que la negociación entre el empleador y el empleado prevalezcan sobre la legislación – salvaguardando los derechos constitucionales, como salario mínimo, vacaciones y derecho a huelga. Las nuevas normas establecen también, entre otros puntos, la eliminación de la cuota sindical obligatoria y jornadas laborales más flexibles.
La Consolidación de las Leyes del Trabajo de 1943 no admitía relaciones laborales que ya eran comunes en el país, como el trabajo en el domicilio (home office) o el trabajo intermitente (por día o por horas) o jornadas de hasta 12 horas, para respetar el máximo de 48 horas semanales, muy comunes en empresas de vigilancia y hospitales. Ahora la reforma laboral ha reglamentado estos contratos. Permite también fraccionar las vacaciones en un máximo de tres períodos (antes eran solo dos) y da la posibilidad de renuncias negociadas. “La reforma trata cuestiones específicas, pero sumamente necesarias. No quita derechos garantizados por el Artículo 7º de la Constitución, y concede más autonomía a los empleadores y trabajadores”, afirma en la revista Época Paulo Paiva, ex ministro de Trabajo y profesor de la Fundação Dom Cabral. “Los que dicen que quita derechos, en realidad no saben responder cuáles. Lo que hace la reforma es dar la oportunidad de negociar de qué manera se aplican los derechos. Es una victoria para ambas partes” afirma, en el mismo artículo de Época, Hélio Zylberstajn, profesor de la Universidade de São Paulo (USP).
Sin embargo, los cambios han reforzado los acuerdos colectivos en desmedro de la legislación pero no han garantizado una mejor representatividad de los sindicatos. Para algunos analistas, la eliminación de la cuota sindical obligatoria – que corresponde a un día de trabajo por año – debería ir acompañada por una reforma sindical, con medidas como el fin del monopolio o de la prohibición de que exista más de un sindicato por categoría, empresa o territorio, lo que impide la competencia. “Sin una reforma sindical seria, que permita que el trabajador elija el ente que lo representa, se corre el riesgo de que aumente la desigualdad salarial”, afirma Sergio Firpo, profesor de la escuela de negocios Insper y especialista en relaciones laborales.
Otro punto controvertido de la reforma es la reglamentación del trabajo por día o por horas, el trabajo intermitente, que es común en el personal de bares y restoranes. En este tipo de contrato el trabajador tiene jornadas irregulares que se pagan según lo que trabaja. La crítica principal que se hace a esta reglamentación es que deja al empleado a merced de las oscilaciones diarias del empleador. Los que están a favor de la misma consideran que ofrece garantías, como el salario por horas o por día, el Fondo de Garantía del Tiempo de Trabajo (FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), la jubilación y el aguinaldo. En el contrato, el valor de una hora de trabajo no puede ser inferior a una hora de salario mínimo y el empleado debe ser convocado con cinco días de anticipación como mínimo.
En cuanto a la tercerización, ahora se permite en todo tipo de actividades. No obstante, hay dos garantías. La primera es que un empleado con libreta de trabajo (que le garantiza los derechos sindicales) no puede ser despedido y volver a trabajar en la misma empresa ni como recurso externo – trabajando para otra empresa – ni como persona jurídica (directamente) antes de 18 meses.
Las federaciones de empresas, como Fecomercio (Federação de Comércio de Bens e Serviços) y Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) son partidarias de este tipo de medidas, que consideran modernizadoras y económicamente estimulantes. “Hemos avanzado mucho y es impresionante el ‘gap’ de Brasil respecto al resto del mundo en lo que se refiere a las relaciones de trabajo” afirma la administradora delegada y directora de asuntos legales de Fiesp, Luciana Freire. “Por fin tendremos la modernización de las leyes que reglamentan la actividad laboral que esperamos desde hace años. Estamos satisfechos”. El presidente de Fecomercio, Abram Szajman, considera que la reforma laboral permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo en blanco y el aumento de la productividad: “Se abrirán nuevas perspectivas, favoreciendo un mayor diálogo y flexibilidad entre el jefe y sus colaboradores”. Y agrega: “Esto crea un ambiente favorable para el crecimiento de las inversiones”.
Los que se oponen a la reforma laboral creen en cambio que hace más precarias las relaciones laborales, precisamente cuando hay una grave crisis económica. Para el director técnico del Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) Clemente Granz Lúcio, entrevistado por la revista Carta Capital, la reforma “transformará una parte de lo que hoy es precario e ilegal en precario formal. El trabajo intermitente, el part-time, las formas de contrato precario, pasarán a ser legales. Una parte de la protección actual dejará de existir y la empresa ya no tendrá ese peso. Por eso, Granz Lúcio considera que “la reforma del gobierno promueve la productividad ilegítima, que se logra por medio de la explotación del trabajo, el empeoramiento de las condiciones o la desigualdad salarial”. En consecuencia, “esto implica para el trabajador problemas de salud, seguridad y productividad”. Marcelo Paixão, economista y sociólogo de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma que “la ampliación de la zona de contrato a tiempo determinado que crea la figura del trabajador autónomo con vínculos de empleo, sumado a la ley de tercerización, comportan la “uberización”, o sea, el modelo de trabajo uber en el mundo”. Y agrega: “Trabaja una determinada cantidad de horas y gana por hora. Si se enferma o le ocurre cualquier otra cosa, es problema suyo”.
Iglesia. La Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se incluye en el grupo de realidades que critica severamente la reforma laboral y afirma que el texto es “inconstitucional” y constituye “un grave retroceso desde el punto de vista social”. Uno de los puntos que desaprueba es precisamente el punto central, que permite que la negociación prevalezca por encima de la ley, reforzando los contratos colectivos.
Don Sérgio da Rocha, presidente de la CNBB, está convencido de que la reforma laboral “privilegia el capital en desmedro de los progresos sociales”. “Estos cambios apuntan en dirección a la exclusión social y la falta de respeto de los derechos conquistados a través de una ardua lucha de los trabajadores y trabajadoras”, critica. Da Rocha lamenta también que no se haya previsto un tiempo para que la sociedad pudiera expresarse sobre los cambios. “No basta la negociación política, era necesario que hubiera más diálogo y tal vez menos apuro para aprobar la reforma en la medida en que afecta al conjunto de la población, se refiere a la vida del pueblo y debió ser muy bien pensada, por más urgente que pudiera ser”.
Por su parte, monseñor Roberto Ferreira, obispo de Campos, quien preside la Pastoral Política Católica y la Pastoral da Cidadania de Campos (estado de Río de Janeiro), sostiene que ahora “hay que minimizar los daños” de la reforma. Para ello, hay que reforzar los sindicatos para defender la democracia y los derechos de los trabajadores. “La CNBB está preocupada por los pobres, que pueden ser cada vez más excluidos. No podemos dejarlos solos en este momento”, concluye.
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