Más allá de las proclamas del gobierno al que le quedan menos de dos meses en el poder antes de entregar el mando, lo único cierto es que la cocaína ha vuelto a ser un grave problema para Colombia. Por paradójico que pueda parecer, los cultivos ilegales aumentaron en el tiempo transcurrido entre la firma de los acuerdos de paz con las Farc hasta la actualidad, y ahora corren el riesgo de convertirse en el combustible que haga saltar el pos conflicto. La policía del país, el gobierno de Estados Unidos y el Sistema Integrado para el Monitoreo de los cultivos ilegales (SIMCI) de las Naciones Unidas, coinciden en una conclusión desoladora: desde 2014 la cantidad de hectáreas cultivadas de coca prácticamente se ha cuadruplicado en Colombia. Sin contar que, además de haberse expandido geográficamente, los cultivos se han modernizado e incrementaron el índice de productividad.
El incremento de los cultivos en cierta forma exonera a las Farc, acusadas de promoverlos, protegerlos y obtener del tráfico de cocaína el financiamiento necesario para su guerra. Ahora que todas las fuentes concuerdan en decir que la situación se ha agravado y la guerrilla se ha retirado de las zonas de conflicto, hay que buscar otra explicación.
Un informe de 2015 del Departamento de Estado estadounidense señalaba que Colombia era el principal país productor de cocaína y el país de origen del 90% de la cocaína que se introducía en Estados Unidos. El mismo documento proporcionaba datos alarmantes sobre el aumento de la producción, que entre 2013 y 2015 había pasado del 39% al 42 por ciento. Con el consiguiente aumento del número de muertos por sobredosis, que en 2015 fue el más alto registrado en la última década.
La preocupación del gobierno norteamericano se puso de manifiesto en el hecho de que la Casa Blanca hizo filtrar la indiscreción de que estaba dispuesta a recortar un 35% la considerable ayuda económica acordada a Colombia.
Para hacer frente a las críticas de su principal aliado, el gobierno colombiano se defendió divulgando los resultados obtenidos sobre el terreno en la lucha contra el narcotráfico y en el secuestro de cocaína, también en sensible aumento. En 2017 cayeron en manos de la policía más de 300 toneladas. Pero el trabajo de las fuerzas de seguridad, que en términos de secuestros podía ser mostrada como encomiable, para la agencia antidroga estadounidense y los especialistas de la lucha contra el narcotráfico, el número de secuestros no hacía más que confirmar sus preocupaciones. Por una sencilla razón: las estadísticas y la historia de la lucha contra el narcotráfico muestran que el secuestro afecta solo el 10% del volumen total de la droga exportada.
Los puntos críticos de la producción colombiana se habían localizado en las regiones de Tumaco, Nariño, y Catatumbo, al norte de la provincia de Santander. Seguidos por Guaviare, Bajo Cauca, Caquetá, Cauca y Putumayo.
Otra paradoja del caso colombiano es que al incremento de los cultivos ilegales contribuye también el crecimiento de los parques nacionales y de los denominados “territorios étnicos”, dos tipos de áreas protegidas por leyes ambientales que prohíben programas de fumigación aérea, medida que las agencias antidroga consideran el instrumento más eficaz contra los cultivos ilegales. Y las paradojas no terminan aquí. El mismo proceso de paz explica, al menos en parte, la expansión de los cultivos de coca, en razón de que los acuerdos de La Habana establecen subvenciones del Estado para la erradicación de las plantaciones ilegales. El programa, en vez de favorecer la reconversión de semillas ha incentivado a muchos agricultores a plantar coca para luego reclamar las ayudas destinadas a eliminarla.
A todo ello hay que agregar que los programas del gobierno diseñados para reducir las áreas cultivadas no están dando los resultados previstos.
Después de revelar datos catastróficos según los cuales 180.000 hectáreas de suelo colombiano están ilegalmente dedicadas al cultivo de la coca, el Ministerio de Defensa anunció que en breve se publicaría un documento con las nuevas estrategias del gobierno para combatir el cultivo ilegal. La represión es una de ellas. Colombia – se anuncia – podrá contar en breve con 60 pelotones con un total de 2.460 hombres del Ejército, para erradicar manualmente las plantaciones. Los 23 pelotones que actualmente existen encuadrados en las filas de la Policía nacional pasarán a ser 45 a partir del mes de julio. Apenas terminen su curso de formación, los agentes habilitados serán destinados a la erradicación de cultivos ilegales según un plan de choque que se concentrará especialmente en las tres zonas críticas: Antioquía, Nariño y Caquetá. El objetivo es “limpiar” los 13 departamentos antes de que termine 2018 y retrotraer la superficie cultivada por debajo de las 90.000 hectáreas. Con la esperanza de que todo no quede una vez más en buenos propósitos.
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