La historia colombiana que cuentan los cuatro fotogramas que ilustran este artículo ocurrió en una comunidad indígena de Colombia, en los primeros días del presente mes de julio. La comunidad no es numerosa y vive en un municipio rural e indígena que se llama Corinto, en el departamento de Cauca, un territorio de intensa actividad guerrillera, atravesado por la cordillera de los Andes. En este pequeño lugar de la Colombia profunda, un nutrido grupo de residentes decidió poner fin a las correrías de algunos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que a diferencia de las FARC no han dejado las armas. Capturaron a dos, los juzgaron y los condenaron.
Nada cruento. Los dos prisioneros están vivos y recibieron 27 azotes, poco más que simbólicos. En cambio, las armas de guerra se destruyeron, como se puede ver en la foto, y quemaron los uniformes.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca explicó en un comunicado que “el arresto fue efectuado por la guardia indígena y las autoridades tradicionales del Resguardo Páez de Corinto, en una zona de la comunidad de Pan de Azúcar”.
La nota enumera puntillosamente los “bienes” secuestrados: un fusil, seis proveedores, dos radios de comunicación, cuatro celulares, una granada, uniformes de las Fuerzas Militares, dos kilos de pólvora y dos motocicletas. Todo fue destruido en presencia de la comunidad. Luego, los dos guerrilleros retenidos fueron sometidos a juicio.
La condena que recibieron fue residir obligatoriamente durante ocho años en la comunidad, que los vigilará y tratará de encauzarlos por mejor camino.
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