LOS NÚMEROS DE LA VERGÜENZA. El primer informe sobre los abusos sexuales en Chile registra 158 personas involucradas, vinculadas a 144 casos

En la foto, Mons. C. Scicluna junto al Fiscal Nacional Jorge Abbott y los Fiscales regionales Raúl Guzmán, Emiliano Arias y Mauricio Richards
En la foto, Mons. C. Scicluna junto al Fiscal Nacional Jorge Abbott y los Fiscales regionales Raúl Guzmán, Emiliano Arias y Mauricio Richards

Al cabo de 45 días el Fiscal chileno Luis Torres, director de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional que se ocupa de los abusos sexuales contra menores, en particular de parte de miembros del clero, hizo público el “primer catastro”, el primer informe sobre los casos de abusos sexuales que involucran a un miembro de la Iglesia católica en el país, en particular sacerdotes. Es la primera vez que en Chile se llega a elaborar un informe de este tipo y la primera vez que se publica, aunque se trata de un documento no definitivo.

Desde el día que entró en vigencia la Reforma Procesal Penal (2001), 158 personas resultaron involucradas en este tipo de acusaciones, vinculadas a 144 causas. Entre ellas, 78 son obispos o sacerdotes o diáconos diocesanos, y otras 65 pertenecen a Institutos religiosos (16 salesianos y 15 maristas). También hay 10 laicos investigados así como otros 5 casos que se refieren a obispos o superiores de congregaciones religiosas acusados de encubrimiento u obstrucción de la justicia. Las víctimas son 267 en total, de las cuales 178 niños o adolescentes (varones y mujeres). Los adultos son 31. En 58 casos, correspondientes a denuncias anteriores a la reforma, no ha sido posible establecer la edad de la víctima en el momento de los hechos.

Actualmente hay 104 casos que ya están cerrados y 34 siguen abiertos. De las 104 causas cerradas, 23 terminaron con una condena. En un caso el acusado fue absuelto y en 4 se decidió una suspensión condicional del procedimiento. En 43 casos la causa fue cerrada por falta de antecedentes. En seis casos no hubo ninguna investigación porque los hechos no constituían delito y 21 fueron reenviados a la vieja justicia penal porque los hechos denunciados habían sido registrados antes de que entrara en vigencia la Reforma Procesal Penal.

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