¿Qué hacer con la migración proveniente de Venezuela, que en poco tiempo ha alcanzado las características de un éxodo? ¿Más restricciones y más controles? ¿Un fondo común de asistencia a miles de migrantes que se agolpan en las fronteras y a los que ya cruzaron a los países limítrofes? ¿Políticas de mayor alcance orientadas a la integración en el tejido de las respectivas sociedades? El mismo problema que a Europa le resulta tan difícil en relación con las oleadas migratorias desde África, los países de América Latina lo están planteando en estos días, presionados por la emigración desde Venezuela que hasta el momento ha expulsado cerca de 2,3 millones de personas (el 7,5% de la población de 30,6 millones) fuera del país, de los cuales 1,6 millones emigraron en 2015, cuando empeoró la escasez de medicinas y alimentos, y la hiperinflación pulverizó los salarios.
El éxodo – porque a esta altura se trata de un éxodo – tiene sus directrices naturales: Colombia, Perú y Ecuador son los principales destinatarios del flujo migratorio que progresivamente también se va haciendo cada vez más intenso hacia otros países sudamericanos, como Brasil y Chile. La urgencia de acordar una política común y coordinada que afirme los principios humanitarios de acogida la imponen los hechos, considerando que tanto Venezuela como los países a los cuales se dirigen sus ciudadanos tienen una considerable tradición migratoria en su pasado, tanto por la recepción de los grandes flujos provenientes de Europa como por la emigración hacia Estados Unidos o Europa en busca de trabajo o por razones de seguridad.
El propósito de la cumbre que se llevó a cabo en Quito fue precisamente hacer frente a la emergencia que se ha producido, pero también elaborar políticas positivas a más largo plazo, adecuadas al desafío que constituye la nueva migración.
En las dos jornadas de trabajo se acordaron 18 puntos en total, que conforman la “Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la región”, suscripta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Un punto delicado, cerca del final del documento, son los documentos de viaje de los migrantes. Las delegaciones reunidas en la capital de Ecuador pidieron al gobierno de Venezuela que “tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales, como cédulas de identidad, pasaportes”, entre otros, cuya carencia ha obstaculizado los trámites de inmigración de miles de personas. La falta de dichos documentos ha provocado “limitaciones al derecho a la libre circulación y movilidad” de los venezolanos, así como “dificultades en los procedimientos migratorios” y “afectaciones a la inserción social y económica en los países de acogida”.
Obtener un pasaporte se ha vuelto cada vez más difícil en Venezuela debido a la escasez de papel y tinta, y conseguir una cita en las oficinas migratorias puede requerir meses de demora. Al mismo tiempo, los países firmantes de la declaración han decidido aceptar los documentos de viaje vencidos de los venezolanos como documentos de identidad válidos a los fines migratorios.
Otros puntos considerados en la Declaración de Quito están orientados a involucrar en la asistencia migratoria a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de combatir el tráfico de personas y el tráfico de migrantes.
De gran importancia es el compromiso que asumieron los once países reunidos en Quito para garantizar el acceso de los venezolanos a los servicios de salud del país que los recibe, la educación pública en vigor y las oportunidades en el mercado del trabajo del país, así como el acceso al sistema de justicia vigente.
La Declaración concluye con una exhortación al gobierno de Venezuela para que acepte la colaboración de los gobiernos de la región y de las organizaciones internacionales para aliviar la crisis migratoria.
En la importante declaración faltan dos firmas, las de Bolivia y República Dominicana.
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