Las autoridades mexicanas informan que se ha logrado una alianza entre las autodefensas y el ejército. Las primeras se comprometen a entregar la lista de sus miembros y del armamento que poseen; las armas de guerra de calibre letal, que exceden las necesidades defensivas, serán sustituidas por otras de menor capacidad de fuego; y a partir de ahora deben coordinar sus acciones con las fuerzas del orden. A cambio, recibirán legitimación, equipamiento técnico, medios de transporte y dinero público.
Estos son los términos del acuerdo entre el gobierno y las milicias armadas – las autodefensas- que se formaron en el estado de Michoacán (centro oese del país), uno de los más violentos de México. El acuerdo de ocho puntos abarca por el momento a las milicias que operan en el territorio y que, según sus líderes, cuentan con 25.000 hombres armados y están en condiciones de reunir no menos de 140.000 en caso de emergencia. Una cifra impresionante, si fuera cierta.
Esta nueva simbiosis se ha creado en una región específica de México para hacer frente al cartel de los Caballeros Templarios y al crimen organizado en general, aunque todavía no se ha terminado de configurar con claridad. Es un primer paso, que podría anticipar alianzas análogas entre el poder público y el privado en otros estados donde resulta imposibe controlar la violencia solo con la fuerza del estado.
No se trata de un verdadero sometimiento de las milicias que nacieron espontáneamente, ya que no hay encuadramiento militar, ni adiestramiento ni salario para sus miembros. Pero a cambio de una relativa autonomía de acción, el gobierno avanza en el control territorial y accede a una información capilar, de base, que la milicia maneja pero que hasta ahora no estaba al alcance de la fuerza pública. Esta información es fundamental para poder atacar con eficacia al cartel, que en el Estado de Michoacán es algo más que tráfico de droga. Los Caballeros Templarios nacen de una escisión de la Familia Michoacana y sometieron a la población de la región a extorsiones, secuestros, violaciones y asesinatos que sólo en 2013 arrojaron un saldo de 990 muertes. Esa situación fue la que dio origen a las autodefensas, que operan en once municipios y decenas de pequeños pueblos rurales.
La Iglesia no quedó exceptuada de la prepotencia de los Templarios. No pocos sacerdotes de Michoacán han sido blanco de amenazas. Valga como ejemplo la foto de Gregorio López, el cura que celebra misa con chaleco antibalas. El Padre López es párroco en Apatzingán, ciudad de 80.000 habitantes y una de las más violentas de la región, centro operativo de los Caballeros Templarios según las autodefensas.
“La Iglesia es la única institución que los Templarios no pudieron controlar”, afirma otro sacerdote del lugar, Adrián Alejandro Vázquez. “Al principio no fue solamente culpa del gobierno” reconoce. “Todos tuvimos la culpa: nos acostumbramos a callar, a susurrar. Durante años y años, ellos (los Templarios) hicieron lo que quisieron”.
Sin embargo la Iglesia no ve con buenos ojos la alianza del gobierno con las autodefensas y no aprueba que milicias espontáneas hagan justicia por mano propia. Monseñor Alberto Suarez Inda, arzobispo de Morelia, capital de Michoacán, no duda en afirmar que las autodefensas son anticostitucionales, pero reconoce que “hay momentos en que la gente recurre a esta forma de movilización como una solución extrema”. Para desarmar las autodefensas, primero es necesario que “las autoridades quiten las armas de las manos de quienes amenazan la paz de las poblaciones”.
Las presiones de los últimos tiempos han logrado un resultado importante. El arresto de Dionisio Loya, “el tío”, a quien las autoridades consideran el número dos de la banda de narcotraficantes más activa de Michoacán y sobre el cual pesaba una recompensa de dos millones y medio de dólares.
Loya – en la lista de los 37 delincuentes violentos más buscados del país y acusado de ordenar la muerte de doce agentes de la policía federal- fue capturado precisamente en Morelia, capital de Michoacán.
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