Dura y puntual es la declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, firmada por el cardenal Jorge Urosa, por el Presidente de los obispos, monseñor Diego Padrón Sánchez, arzobispo de Cumaná y por otros tres prelados. “Causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado “Plan de la Patria”, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario”, afirman los prelados, y luego manifiestan que esta pretensión “pone en duda el perfil democrático” del país así como “las libertades ciudadanas, en particular, la de información”.
Los prelados denuncian también “la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana; los ataques a la producción nacional, que ha conducido a que en nuestro país hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos; la brutal represión de la disidencia política; el intento de “pacificación” o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física”.
La declaración, -titulada “Responsables de la paz y del destino democrático de Venezuela”- describe la crisis que comenzó el 12 de febrero pasado como una situación “sumamente grave tanto por su magnitud, ya que abarca dimensiones diversas de la vida nacional, como por su duración, violencia y nefastas consecuencias para nuestro presente y nuestro futuro”. Los obispos renuevan con fuerza su apoyo a cualquiera que ejerza el derecho a la protesta de manera pacífica, lo que también está garantizado por la Constitución, y condenan todo tipo de violencia, especialmente la que ha ensangrentado al País en las últimas semanas. Para los obispos venezolanos “Es difícil señalar el origen” de los hechos violentos porque “es evidente que muchas acciones delictivas son originadas por personas o grupos infiltrados con el objeto de tergiversar o desacreditar las protestas”. Se condena por otro lado el “empleo de barricadas y el ataque hacia personas e instituciones, así como la quema de vehículos”, porque “crean una situación que no se debe aceptar ni aplaudir”, tal como afirma el documento que entregó a la prensa monseñor Diego Padrón.
Los prelados vuelven a pedir al gobierno el inmediato desarme de los grupos civiles que actúan usando todo tipo de armas, “entrenados para intervenir violentamente” y “bien coordinados”. Al mismo tiempo denuncian la completa libertad de que gozan estos grupos “que han actuado impunemente bajo la mirada indiferente de las fuerzas del orden público”. Preocupados por la manipulación de la información, los obispos piden una Comisión de la verdad que sea plural y genere confianza en los ciudadanos, porque “Sin determinar la verdad será imposible lograr la paz.”. Denuncian igualmente la grave situación que provoca el desabastecimiento, la falta de alimentos, el encarecimiento de la vida, la especulación con productos de primera necesidad, y afirman que “El Gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza. La represión no es el camino.(…). La salida de la crisis es clara: el diálogo sincero del Gobierno con todos los sectores del país, con una agenda previa y condiciones de igualdad”; subrayan también el requisito de “gestos concretos, evaluables en el tiempo, como señales de la necesaria rectificación” de las conductas que se han visto hasta el momento.
Finalmente, por primera vez los obispos asumen una postura sobre la posibilidad de una intervención de la Sede Apostólica. “Consideramos oportuna y de gran valor la participación de la Santa Sede en el diálogo entre el Gobierno y la oposición. El pueblo venezolano apreciará en sumo grado dicha participación y sabrá reconocer el valioso aporte de la Iglesia”.
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