El último sacerdote fue asesinado hace pocos días; el cuerpo apareció flotando en un río del Estado de Guerrrero y presentaba señales de tortura. Tenía apenas 37 años y desarrollaba su actividad pastoral en la diócesis de Ciudad Altamirano, una de las regiones más violentas de México. El homicidio anterior de un miembro del clero mexicano se remonta al mes de febrero, en la localidad de Jilotepec, Estado de México, mientras en el mes de noviembre del año pasado murieron dos sacerdotes en el Estado de Veracruz. En julio de 2013 mataron a golpes a un sacerdote en el Estado de Baja California y también a golpes, en febrero, otro sacerdote de la parroquia de Cristo Rey, en el Estado de Colima. Y así podemos seguir retrocediendo hasta 1990, año del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, sumando un total de 28 sacerdotes, tres religiosos, un diácono y cuatro sacristanes muertos, como registra minuciosamente la agencia católica SIAME perteneciente a la diócesis de Ciudad de México.
Los datos vuelven a confirmar por sexto año consecutivo que México es el país más peligroso de América Latina para quien viste un hábito. A la misma conclusión llega el Equipo de investigación del Centro Católico Multimedial, con sede en la capital, un observatorio que orienta su atención a la realidad del clero mexicano y las difíciles condiciones en que vive. En los últimos seis años, hace notar el Centro, a los seis sacerdotes asesinados se deben sumar otros tres desaparecidos cuya suerte todavía se desconoce. Seis años negros caracterizados por “la inacción” de las autoridades y “la falta de protección de los derechos humanos de los religiosos”, denuncia el organismo católico. “Es una situación que se consolida con el actual gobierno” del presidente Peña Nieto, ya que estas muertes dolosas se han incrementado un 80 por ciento respecto del mismo período del gobierno anterior de Felipe Calderón.
El “odio” contra los sacerdotes no proviene solo de los narcos y traficantes de distinto tipo. El informe hace notar que a la prepotencia de los grupos criminales se suma también la de “pequeños sectores de la sociedad que aprovechan la efervescencia de la violencia y se muestran insolentes contra los religiosos en localidades como Chiapas, Tabasco, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Culiacán, Tabasco, Michoacán, Acapulco y Tamaulipas”. La causa principal de estos atentados mortales contra sacerdotes y religiosos, más cientos de actos de intimidación que solo en una pequeña proporción llegan al conocimiento público, ha sido denunciada con claridad por la Iglesia mexicana: “buscan limitar las actividades de Pastoral Católica, así como evitar el apoyo en el campo sanitario y educativo, pero sobre todo impedir la acción asistencial -ayuda, refugio y consuelo- a favor de los derechos humano de migrantes que transitan por suelo mexicano.”
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