El gobierno guatemalteco de Otto Pérez Molina solicitó la mediación de la Iglesia para negociar con los indígenas que rechazan las actividades de la industria extractiva en el territorio de su comunidad. El presidente concurrió a la sede de la Nunciatura apostólica donde presentó formalmente una solicitud de colaboración a la Conferencia episcopal de Guatemala para implementar posibles soluciones a una crisis que corre el riesgo de desembocar en la violencia. La situación ha empeorado en las últimas semanas cuando un grupo armado de empleados de “Cementos Progreso” abrió fuego contra algunos líderes de la comunidad indígena del distrito de Sacatepéquez, en el centro de la República de Guatemala, provocando una decena de muertes y varios heridos. La tensión aumentó rápidamente, obligando a las autoridades a declarar el estado de prevención para evitar las represalias de los familiares y amigos de las víctimas.
Para comprender las raíces del conflicto hay que remontarse al año 2006, cuando “Cementos Progreso”, histórica empresa constructora del país que se fundó a fines del siglo XIX, anunció que se proponía construir una gran fábrica de cemento en los territorios indígenas sin haber solicitado la aprobación de la población local. Las primeras protestas no tardaron en estallar; el establecimiento industrial –según los residentes de la zona- provoca graves daños en el medio ambiente y no garantiza beneficios significativos para la población autóctona. Por su parte, muchos empleados de la fábrica consideran que las protestas ponen en peligro sus puestos de trabajo y se ha llegado al punto de que algunos de ellos se han organizado en grupos armados que responden con amenazas y actos de vandalismo contra los líderes de las comunidades locales. La Iglesia no ahorra críticas contra los atacantes. En agosto el arzobispo de Santiago de Guatemala, Oscar Julio Vian Morales, denunció a los violentos durante una celebración de Amatitlán: “No se puede matar personas como si fueran animales. A los animales también les debemos respeto, ¿cómo se puede no respetar la vida de los seres humanos?”. Para las autoridades eclesiásticas la intervención del ejército no favorece la pacificación sino que, por el contrario, agrava el peligro de llevar la situación a un punto sin retorno. El camino –afirma la Iglesia- es el diálogo constructivo entre las partes y el gobierno, que a su vez debe trabajar por el bien de la sociedad, creando puestos de trabajo y garantizando la educación pública para todos. El pronunciamiento abrió las puertas al pedido formal de mediación que el gobierno de Guatemala presentó a la Iglesia.
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