La indignación de los mexicanos crece como una ola gigantesca y está a punto de arrasar los diques de contención que las autoridades constituidas intentan levantar sobre la desaparición de 43 estudiantes el 26 de setiembre pasado durante los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en Iguala, ciudad de 140 mil habitantes en el Estado de Guerrero. Hace pocas horas se encontraron cuatro nuevas fosas comunes con restos carbonizados en la misma zona donde el 4 de octubre ya habían descubierto otras tres con 28 cadáveres. Para determinar la identidad de las víctimas hay que esperar los resultados de los análisis de ADN que pueden demorar entre tres semanas y dos meses, pero todo hace pensar que los cuerpos pertenecen a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. “Hay una posibilidad superior al 90% de que se trate de ellos”, admitió un funcionario de la fiscalía general de México, a cargo de la investigación del caso.
Entre tanto, continúan en México las multitudinarias manifestaciones de protesta e incluso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha organizado días pasados una marcha pacífica para protestar contra la desaparición de los jóvenes. En el frente internacional, solicitudes formales de una explicación han llegado de Estados Unidos, la ONU, la OEA y diversos organismos defensores de los derechos humanos como Human Right Watch y Amnesty International, que denunciaron la inercia inicial del gobierno y las irregularidades en la investigación. Dieciséis diputados del Parlamento Europeo han solicitado que se suspendan las negociaciones del Acuerdo Global entre México y la UE hasta que se “reconstruya la confianza” en las autoridades en materia de derechos humanos.
La Iglesia mexicana, , gravemente afectada por el asesinato de numerosos sacerdotes (el último homicidio se produjo en el mismo Estado donde desaparecieron los estudiantes), dirigió una carta a los familiares de los 43 desaparecidos firmada por el arzobispo de Acapulco, mons. Carlos Garfias Merlos, expresando “el dolor de la Iglesia Católica”, pero un dolor que debe transformarse en una “oportunidad para generar solidaridad con todos los que sufren y responsabilidad para que estas tragedias no ocurran de nuevo”. El colegio al que asistían los jóvenes desaparecidos se ha transformado en un espacio de oración y encuentro para velar por ellos. Todos los días se reza una misa por los muertos y desaparecidos y en las paredes cuelgan las fotografías de los 43 jóvenes que no pueden responder presente.
La reconstrucción del periodista mexicano Diego Enrique Osorno es inquietante. La escuela rural de Ayotzinapa hace tiempo que se encuentra en la mira de los narcos. Los grupos paramilitares que en diferentes oportunidades la atacaron habrían actuado con la protección de miembros del ejército. La noche de la desaparición, los estudiantes se encontraban en una manifestación de protesta contra la reforma educativa a bordo de dos autobuses que habían tomado, cuando un grupo de policías los atacó con armas de fuego. Seis estudiantes murieron y otros 25 resultaron heridos, mientras 43 de ellos fueron entregados a un grupo de sicarios del cártel Guerreros Unidos, que controla la región. Precisamente esta alianza entre la policía local y los narcotraficantes se encuentra ahora bajo la lupa de los investigadores.
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