PEQUEÑOS MIGRANTES. Estados Unidos ponen en marcha un programa de ayuda para asistencia legal de los menores de América Central. La Fed aporta los fondos

Centro de detención para menores ilegales en Nogales, Arizona. Foto: Ross D. Franklin
Centro de detención para menores ilegales en Nogales, Arizona. Foto: Ross D. Franklin

Detener la hemorragia. Aparentemente es la razón principal que ha dado origen al nuevo paquete de medidas anunciadas por la Casa Blanca a principios de octubre. El gobierno de Obama se propone contener todo lo posible la emigración clandestina de menores a través de la frontera mexicana, con el doble objetivo de proteger la vida de los niños y regular una oleada migratoria que en este momento se encuentra fuera de control. Básicamente el programa garantizaría la concesión del estatus de “refugiado” a los niños que permanecen en sus países de origen y que no han intentado cruzar ilegalmente los confines. Con la posibilidad concreta, para muchos de ellos, de reunirse con los padres que residen establemente en los Estados Unidos.

La Reserva Federal ha decidido colaborar con las medidas del ejecutivo y por primera vez en su centenaria historia ha destinado una cifra cercana a los 4 millones de dólares a fin de garantizar la asistencia legal para aproximadamente 2.600 menores emigrados ilegalmente y sin ninguna tutela. Durante los próximos dos años el Departamento de Salud y de Servicios Humanitarios (HSS) entregará ese dinero a la Conferencia Episcopal Estadounidense (USCCB). “Creo que es un reconocimiento de que muchos de estos niños tienen reclamos válidos de protección y que necesitan ayuda legal para navegar por el proceso”, declaró Kevin Appleby, director del Departamento para la inmigración y los refugiados de la Conferencia Episcopal Católica estadounidense (MRS). Otros grupos independientes, no solo católicos, que militan por el reconocimiento de los derechos humanos, saludaron positivamente el financiamiento del Estado que permitirá a los menores de América Central navegar de manera más segura en el complejo sistema jurídico norteamericano.

Solamente en el último año fiscal más de 66.000 menores fueron capturados por la policía fronteriza, lo que significa un 88 por ciento más que el año anterior. El incremento hizo colapsar un sistema migratorio que ya acusaba serias deficiencias. A ello se suma el agravante de que estos jóvenes migrantes tendrían legalmente derecho a beneficiarse con el asilo político y la ayuda humanitaria, pero no cuentan con los medios para defender sus razones en los tribunales competentes. En ese sentido Kristyn Peck, directora asociada del Departamente para la Infancia del MRS, afirmó que la garantía de la asistencia legal es un importante avance.

En Estados Unidos las violaciones a las leyes migratorias son delitos civiles, no penales, y no existe ninguna obligación de parte del Estado de proporcionar a los emigrantes clandestinos un abogado en el caso de que no estén en condiciones de pagarlo con sus propios medios. La paradoja parece quedar confirmada por un estudio de las Naciones Unidas según el cual más del 60 por ciento de los menores debería ser incluido en un programa de protección porque son víctimas de violencias de todo tipo, desde abandono de los padres hasta trata de seres humanos.

Las medidas implementadas por el gobierno se enmarcan dentro de un programa de estrecha colaboración -que no está libre de dificultades- con la Iglesia Católica. El 25 de junio pasado, Mark Seitz, obispo de El Paso, Texas, había hablado con firmeza ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes: “La protección de los menores migrantes es un tema que preocupa especialmente a la Iglesia y fue una de las primeras experiencias de Jesús cuando era un niño como tantos otros, obligado a huir de la violencia del rey Herodes junto con sus padres”. Insistió especialmente en la necesidad de adoptar políticas destinadas a garantizar la asistencia legal a los menores no acompañados, comenzando por un análisis profundo de las causas de la migración forzada, como la violencia que sufren de parte de actores no oficiales o la falta de seguridad de los ciudadanos, así como de mecanismos adecuados de protección de la infancia. Por otra parte, recomendó  medidas especiales para apoyar a los países de origen y permitir que los niños permanezcan y puedan crecer de manera segura, para que ellos mismos, cuando sean adultos, sean nueva savia y valor agregado para sus propios países.

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