Tras la denuncia del sacerdote Alejandro Solalinde – “están todos muertos”- llegan nuevas pistas que podrían comprobar definitivamente la suerte de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa hace ya un mes. Las autoridades informaron que habían localizado nuevas fosas clandestinas –que se suman a las 26 que ya aparecieron- con 28 cuerpos no identificados. Son nueve fosas y las personas que participaron en el descubrimiento declararon que el terreno estaba recientemente removido y con manchas rojizas; al excavar se encontraron restos humanos, mochilas, zapatos y lapiceras. A partir de este momento los análisis forenses tienen la palabra.
Al mismo tiempo en Ciudad de México se llevó a cabo la mayor manifestación que se haya visto desde los tiempos de la histórica movilización estudiantil de 1968, que pasó tristemente a la historia de México como la “masacre de Tlatelolco”. La marcha fue pacífica y por momentos incluso silenciosa, interrumpida por algunas consignas: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. “En México es más peligroso ser estudiante que narcotraficante”. “El país se ha transformado en una narcofosa”. La palabra más coreada fue “justicia, justicia”.
Pero la protesta popular empieza a dar sus frutos. Acaba de presentar su renuncia el gobernador del Estado de Guerrero (donde se encuentra la escuela normal a la que concurren los estudiantes desaparecidos), Ángel Aguirre. Resistió todo lo que pudo, pero finalmente la presión de las calles y de los compañeros del partido –Partido de la Revolución Democrática, el segundo de México- fue más fuerte.
En la mirilla de los manifestantes sigue estando inflexiblemente el presidente Enrique Peña Nieto, respaldado solo por las declaraciones de la ONU y de la UE que destacaron su compromiso para esclarecer los hechos. La ONU, a través de la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, urgió al gobierno a incrementar sus esfuerzos para encontrar a los estudiantes, pero destacó asimismo que las autoridades mexicanas se han movilizado arrestando a 52 personas, de las cuales 36 son miembros de la policía.
La resolución del Parlamento Europeo, aprobada por amplia mayoría (495 votos favorables, 86 contrarios y 56 abstenciones), también condenó “las inaceptables desapariciones forzadas y los crímenes de Iguala”, pero omitió hacer referencia a eventuales responsabilidades del gobierno, apoyando por el contrario la “determinación (del gobierno) de luchar contra el tráfico organizado de drogas” y “la determinación del presidente Peña Nieto de investigar y aclarar estos sucesos y poner fin a la violencia.”
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