Ernesto Rivas Gallont es un sólido empresario del sector marítimo que dedica tiempo y dinero a ayudar a otras personas con la Cruz Roja de su país y otras varias instituciones que se ocupan de inválidos y discapacitados. En el pasado, en cambio, fue embajador en los Estados Unidos durante todo el período de la guerra civil en El Salvador. Sabe muchas cosas, pero en algunas oportunidades, aunque las sabía o las suponía, prefirió callar y repetir la versión oficial, que las negaba. Eso ocurrió con la masacre de El Mozote, uno de los episodios más atroces que se hayan vivido en el pequeño país centroamericano. En diciembre de 1981 los militares asesinaron cerca de mil personas indefensas en un remoto caserío con ese nombre. Rivas Gallont en aquel momento sospechaba que algo turbio había ocurrido, pero siguió afirmando la versión oficial de su gobierno, que hizo todo lo posible para que no se conociera la verdad.
The Washington Post y The New York Times publicaron ya en diciembre de 1981 el resultado de investigaciones realizadas en el lugar, afirmando que los autores de la matanza en los dos pobres municipios de Maaguera y Arambale (en la provincia de Marazan, a unos cien kilómetros de San Salvador) eran militares del ejército salvadoreño y una brigada antiinsurgente que ejecutaban un operativo denominado “tierra arrasada”.
Hoy, 33 años después de la masacre, una de las peores de la historia moderna de El Salvador, Rivas Gallont pide perdón y dice finalmente la verdad. “Yo lo negué públicamente, siguiendo instrucciones del gobierno que representaba”, afirma en su blog, confesando que había sospechado casi en seguida “que la historia real era distinta” a la que contaban las autoridades y reproducía la mayor parte de la prensa local. En una reacción tardía, Rivas Gallont reconoce que “debí haberme sublevado y denunciado la realidad. No lo hice y hoy pido perdón por ello”.
A los mismos periodistas de los dos diarios estadounidenses que revelaron los hechos publicando el testimonio de la única sobreviviente, Rufina Amaya, el entonces embajador había declarado: “Rechazo enfáticamente la afirmación de que el ejército salvadoreño haya matado mujeres y niños. Este tipo de actuación” agregaba, “no está de acuerdo con la filosofía de las instituciones armadas”.
La evidencia de la masacre llegó a ser de dominio público pocos años después, pero el conocimiento de la verdad hubieran favorecido a los guerrilleros del Frente Farabundo Martí y el episodio continuó siendo negado, o en algunos casos redimensionado. Sin embargo, los huesos de los muertos pudieron más que la reticencia de los vivos. Una gran parte de los restos fueron exhumados y se identificaron muchas de las víctimas utilizando sofisticados métodos para realizar las pericias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno de El Salvador por ocultamiento el 10 de diciembre de 2012, y en el mes de enero de ese mismo año el presidente Mauricio Funes reconoció la responsabilidad del Estado en las graves violaciones cometidas por el Ejército durante la época de la guerra civil.
Ahora, a poco más de un mes del 33 aniversario de la masacre que duró cuatro días, entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981, llegan también el arrepentimiento y las admisiones de un alto funcionario del gobierno, que en aquellos años fatídicos de la matanza estaba presidido por el demócrata cristiano Napoleón Duarte. Ernesto Rivas Gallont va incluso más lejos, afirmando que la política de negar los crímenes militares formó parte de “una rutina” en las administraciones salvadoreñas. “Esta no fue la única atrocidad cometida por el ejército salvadoreño que fuera negada oficialmente” reconoció el ex embajador. “Esa era una rutina que prevaleció, pasando desde el asesinato de las cuatro religiosas estadounidenses en 1980, hasta la masacre de los sacerdotes jesuitas, su doméstica y una hija de ella en 1989″.
Hace exactamente dos días, el 17 de noviembre de 25 años atrás.
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