Obama ha citado la Biblia –“En otro tiempo nosotros también éramos extranjeros”- cuando anunció la principal decisión que se haya tomado en materia de inmigración desde hace treinta años. Gracias a su acción ejecutiva, la decisión del presidente estadounidense permitirá que cerca de 4,7 millones de padres de ciudadanos residentes permanezcan temporalmente en los Estados Unidos sin correr el riesgo de las temidas deportaciones a sus países de origen. De hecho, se trata de abrir las puertas a una especie de “reunificación familiar” que con la legislación actual era muy difícil. En efecto, los hijos de los inmigrantes, aunque éstos sean clandestinos, hoy pueden gozar del estatus de ciudadanos estadounidenses en virtud del principio del ius soli vigente en USA, mientras que los padres permanecen en una situación de irregularidad, sin tener siquiera la posibilidad de pagar los impuestos aunque –tal como ocurre y ha reconocido Obama- trabajan desde hace muchos años y muchas veces “son explotados y obligados a vivir en las sombras aunque desean desesperadamente respetar las leyes”. La condición para poder solicitar el beneficio es haber vivido por lo menos cinco años en el país, a partir de 2010.
Los permisos de residencia tendrán validez por tres años, probablemente renovables al vencimiento.
Estas medidas favorables se suman a otras que facilitarán los trámites para los inmigrantes especialmente calificados (y en primer lugar para los estudiantes) y para los jóvenes que entraron ilegalmente al país cuando eran niños (se calcula que cerca de 300 mil). Pero junto a esta “zanahoria” Obama ha colocado el “palo” de la tolerancia cero contra los que no respetan las reglas, previendo reforzar los controles en las fronteras, en la misma línea de lo que por otra parte se ha venido haciendo durante los años de su Administración. El gobierno de Obama, en efecto, ha expulsado hasta el momento unos 400 mil migrantes por año, empezando por los criminales, los terroristas y en general cualquier persona que se suponga que puede afectar la seguridad nacional.
Por otra parte, se cancelará un programa sumamente controvertido, denominado “Comunidades seguras”, que permitía a las policías locales retener los inmigrantes arrestados hasta que su caso era analizado por los agentes federales de inmigración. Este sistema será reemplazado con una nueva solución gracias a la cual los migrantes arrestados deberán siempre proporcionar sus huellas digitales, pero en compensación corresponderá a las agencias locales determinar si deben avisar a los federales por una violación a la ley de inmigración.
En cuanto al origen de los sujetos beneficiados, de los 11,7 millones de personas que viven sin documentos en Estados Unidos, el 70 por ciento proviene de México y América Central. Y no es casual que los estados con el número más elevado de personas beneficiadas serán California, Texas, Nevada y Nueva Jersey, donde 50 de cada 1000 habitantes son inmigrantes, en su mayoría hispanos.
Aunque la oposición republicana se ha levantado contra la decisión presidencial –definiéndola “abuso de poder”- no es la primera vez en la historia que un presidente gobierna por decreto. Obama ha sido uno de los más parcos para adoptar esta posibilidad: solo 193 veces, contra, por ejemplo, 352 veces de Roosevelt. También Reagan había usado el instrumento del decreto en 1986 para legalizar a tres millones de clandestinos, lo mismo que Bush (padre) cuatro años después.
Evidentemente la decisión tiene profundas implicancias políticas. La gran reforma de la inmigración fue una de las promesas más importantes de Obama cuando fue candidato y se estima que por él votó el 70 por ciento de los hispanos. La imposibilidad de aprobarla en el Congreso –donde los demócratas han perdido la mayoría- condujo a la decisión de recurrir a una acción ejecutiva.
El objetivo del partido demócrata es asegurarse el voto latino en las próximas elecciones de 2016, aunque los hispanos –que son ya 52 millones sobre un total de 310- votan poco. El New York Times ha calculado que concurren a las urnas solo 11 millones, mientras el 75 por ciento del electorado sigue siendo blanco y no considera la reforma migratoria como una prioridad.
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