Panamá hace frente a su pasado para cerrar uno de los capítulos más controvertidos de su historia. El presidente panameño Juan Carlos Varela hizo el anuncio durante los actos conmemorativos de la invasión estadounidense de 1989: “Hemos designado a la vicepresidente y canciller Isabel de Saint Malo para que a partir de este momento inicie un esfuerzo serio y comprometido por parte del Estado para la reconciliación nacional”. Debemos “sellar las heridas que aún quedan pendientes y vivas en muchos panameños”. Heridas que se remontan a veinticinco años atrás, cuando las tropas estadounidenses intervinieron para derrocar a Manuel Noriega con una operación denominada “Causa Justa” que muchos ciudadanos panameños vivieron realmente como una invasión. Según varias organizaciones de derechos humanos la intervención militar produjo mucho más que los 500 muertos oficialmente declarados.
Precisamente los familiares de las víctimas del “derrocamiento” –en su mayoría parientes de miembros del ejército- son los que reclaman justicia. Exigen que Estados Unidos reconozca la invasión, asigne una indemnización al país y revelen el lugar donde se encuentran las fosas comunes donde fueron sepultados cientos de panameños. Piden igualmente que el 20 de diciembre sea declarado día de “luto nacional”.
Pero el tema también agita en Panamá los ánimos de quienes –y son muchos- defienden la intervención y consideran que los liberó de un régimen despiadado. La operación “Justa Causa” comenzó el 20 de diciembre de 1989, cuando 27 mil soldados estadounidenses desembarcaron en el país centroamericano para derrocar a Noriega, ex agente de la CIA caído en desgracia en Washington y acusado de narcotráfico. Fuentes militares panameñas aseguran que para él resultó fatal la decisión de no intervenir en Nicaragua contra el gobierno sandinista de Daniel Ortega ni modificar los tratados firmados por el presidente estadounidense Jimmy Carter y el Presidente de la Junta militar panameña Torrijos en 1977, que permitieron que el Canal volviera a manos panameñas. Noriega se entregó pocos días después, el 3 de enero de 1990, cuando formalmente terminó la operación (los estadounidenses permanecieron en Panamá durante diez años). Desde entonces se encuentra detenido por narcotráfico, reciclado de dinero y desaparición de opositores. Nunca pidió perdón por los crímenes de los que fue acusado y desde la cárcel de Panamá donde se encuentra hizo saber lo que piensa de la situación: “Ya nadie sabe lo que pasó y cada uno cuenta la historia como le da la gana”.
La reconciliación propuesta por el nuevo gobierno se anuncia como un objetivo muy poco sencillo.
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