Escribo estas líneas en los días en que el Partido dos Trabalhadores (PT), actualmente en el poder, celebra su Congreso Nacional en medio de una profunda crisis. No son pocos los miembros del Partido –algunos de peso y muy influyentes- que están criticando sistemáticamente a la presidente Dilma Rousseff por las medidas adoptadas en los últimos meses. Algunos llegaron incluso a decir que hubiera sido mejor suspender el Congreso. El ex presidente Lula se vio obligado a afirmar que a los ojos de la opinión pública no darían una buena impresión si lo cancelaban o lo postergaban.
En octubre del año pasado, antes de las elecciones, nadie hubiera pensado que se podía llegar a una crisis de semejantes proporciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es la pregunta que todo el país se está haciendo, a veces de manera explícita pero por lo general silenciosa. No es fácil responder. Es cierto que las elecciones se ganaron con un margen verdaderamente estrecho: 52% contra 48%, el peor resultado para un presidente en últimos cuatro comicios.
Lo que más peso tuvo en la opinión pública, sin duda, es “el escándalo de Petrobras”. Pocas semanas después que las elecciones confirmaron en el poder a la presidente Dilma y al PT, una de las empresas estatales más grandes y con mayor facturación se vio envuelta en uno de los escándalos de corrupción más escabrosos e importantes de la historia reciente de Brasil. Un considerable número de directores de empresas de construcción civil se encuentran procesados en este momento –algunos ya en la cárcel- porque estaban involucrados en un sistema de coimas destinadas a llenar las arcas del PT y de otros partidos de la coalición de gobierno. La chispa saltó después de la captura, en marzo de 2014, del doleiro (la forma como llaman en Brasilia a los que operan ilegalmente en el mercado cambiario) Alberto Youssef. Acusado de corrupción, de lavado de dinero y de participar en una organización criminal destinada a garantizar a los partidos las “donaciones” de Petrobras. Youssef acordó con la justicia brasileña denunciar a todas las personas comprometidas en el escándalo a cambio de una reducción de la pena.
En el momento en que la espinosa cuestión llegaba a conocimiento de la opinión pública, a fines de 2014, las finanzas públicas parecieron entrar en crisis. Diariamente los medios de información daban noticias referidas a que las cuentas no cerraban, a la posible alza de los impuestos y de los precios de bienes públicos, como la electricidad, el agua y el transporte, y a la eventualidad de un aumento de la inflación, que desde hace años estaba contenida en términos más que razonables. Desde el primer día que la presidente Roussef comenzó su mandato (1 de enero) empezaron a verificarse las peores previsiones. Para frenar la caida y en el intento de reencauzar la economía hacia la normalidad, Dilma nombró ministro de Economía a Joaquim Levy. ¿Problemas? Muchos. Levy era el brazo derecho de Luiz Carlo Trabucco, presidente de uno de los bancos privados más grandes del país, Bradesco, con el cargo de director superintendente. Las primeras medidas de Levy fueron sistemática y ferozmente criticadas por los diputados y otros miembros históricos del PT, que las cosideraron una especie de traición a las promesas populares realizadas durante la campaña electoral. Actualmente el Indice Nacional de Precios señala un crecimiento del 8,47% para los últimos doce meses, el más elevado desde 2003. Irónicamente en los meses invernales varios Estados del país como Minas Gerais, Rio de Janeiro y sobre todo San Pablo se encontraron al borde del colapso hídrico con escasez de agua en los depósitos y un racionamiento no declarado por los gobernadores estatales pero muy resentido en las casas de familia, sobre todo las de menores recursos.
No se sabe qué se puede esperar del Congreso de un PT ya notablemente dividido. Pareciera que el Partido está intentando refundarse, por lo menos esas son las voces que corren en las calles y en los pasillos, pero no se sabe qué dirección puede tomar. Entre tanto, el gobierno trata de contener la crisis económica y el crecimiento de la inflación con medidas impopulares y desgastantes. Levy trata de recortar donde puede pero también donde no debería, afirmando que todo está bajo control, pero entre tanto lo acosan las críticas del mismo partido en el gobierno.
¿Cómo se está moviendo la oposición? Probablemente la expresión más elocuente haya sido la del senador Alysio Nunes, miembro histórico y destacado del PSDB (Partido de la Socialdemocracia brasileña), que en el mes de marzo declaró siniestramente: “No quiero un impeachment, quiero ver a Dilma desangrándose”.
Entre tanto el país espera. Es una espera que ya empieza a traer consecuencias negativas porque la inflación, la desocupación y los precios públicos siguen creciendo. Por el momento no mucho, pero crecen, lenta y progresivamente.
*Profesor de Historia de América de la Universidade Federal de São Paulo
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