Uno de ellos, Jihad Dhiab, que llegó a Uruguay en diciembre de 2014 con el estatus de refugiado y en malas condiciones de salud –había sido uno de los promotores de la huelga de hambre declarada por los presos de la cárcel estadounidense en Cuba- durante una polémica conferencia de prensa en Montevideo, declaró que hubiera sido preferible permanecer en Guantánamo antes que terminar en Uruguay. No es la primera vez que Dhiab hace declaraciones fuertes. Ya en marzo había anticipado que “tenía la sensación de haber sido trasladado de una cárcel a otra”.
En realidad la exasperación del ex prisionero se debe a la separación de su familia, con la que pide reunirse. No ve a su esposa y sus cuatro hijos desde 2002, cuando fue arrestado en Pakistán sin que le dieran ningún tipo de explicaciones. Acusa al gobierno uruguayo de haberle prometido que estaría con su familia pero después se desentendió.
De los seis ex detenidos de Guantánamo acogidos por Uruguay, Dhiab fue el único que no aceptó el ofrecimiento del gobierno uruguayo –que trabaja en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR)- de recibir ayuda económica por un año (con opción a otro año más) y una casa. La negativa se debe a que Dhiab opina que el ACNUR es un organismo relacionado con los Estados Unidos, país al que considera un enemigo personal no solo por la injusta privación de su libertad sino también por haber matado a su hijo en Siria.
Por su parte, los otros cinco refugiados (tres sirios, un tunecino y un palestino), después de algunas dificultades iniciales, quieren permanecer en Uruguay. “Se han insertado completamente, tienen una casa y llevan una vida normal. Están profundizando el estudio de la lengua para poder incorporarse al mundo del trabajo”, hizo saber su abogado, aclarando que hasta el momento ninguno ha conseguido empleo. Tres de ellos ya se casaron con uruguayas convertidas al Islam. Y otro, el tunecino Abdul Bin Mohammed, será padre dentro de poco tiempo.
Días pasados en cambio, 42 sirios -5 familias- habían protestado acampando en una plaza frente a la Torre Ejecutiva, la sede del Gobierno en Montevideo. Manifestaban su deseo de volvera al Líbano (donde antes de viajar a Uruguay, con un programa organizado por el ex presidente José Mujica, vivían en un campamento de prófugos de la ONU), lamentándose sobre todo por el costo elevado de la vida en el país sudamericano. El Secretario de Derechos Humanos de la presidencia de Uruguay, Javier Miranda, respondió a través del diario uruguayo El País que “comprende pero no comparte el reclamo de las familias”, visto que el dinero que se les ha ofrecido fue “calculado para que les permitiera vivir dignamente”
La Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay explicó que los prófugos reciben un subsidio que consta de dos partes: una mensualidad equivalente a 670 euros por familia para vestido, transporte y otros bienes, que se reembolsan contra presentación de factura. Y una segunda suma fija que va de un mínimo de 880 euros hasta una cifra superior, dependiendo del número de miembros de la familia, por un período de dos años. Subsidios más que respetables que se pueden sumar a otros ingresos, como un sueldo.
En Europa la BBC británica ha publicado un artículo donde elogia al país sudamericano como “uno de los que más se ha movilizado para crear conciencia sobre la terrible situación que atraviesa el pueblo sirio”. La emisora destaca el notable esfuerzo realizado por Uruguay, sobre todo comparado con otros países europeos. Se cita por ejemplo a Portugal, que según Eurostat dio asilo a 15 sirios. Uruguay ya acogió a 44 –los mismos que querían volver fueron recibidos personalmente por Mujica en el aeropuerto- y otros 76 deberían llegar antes de fin de año.
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