La acusación es una de las más infamantes en el siglo XXI: pedofilia; el acusado es una persona de la que jamás se hubiera esperado algo así, alguien por encima de cualquier sospecha. Y no solo eso, es un respetado y muy conocido hombre de Iglesia, protagonista de una fase heroica de la vida de la Iglesia latinoamericana, nada menos que Jesús Delgado, el secretario del nuevo beato Romero, su principal biógrafo y gran promotor del proceso que en mayo condujo a los altares al obispo mártir. La Iglesia salvadoreña, en completo silencio, ha investigado una denuncia de abuso sexual en su contra y ha resuelto suspenderlo “de todas las funciones sacerdotales, pastorales y administrativas”. Un procedimiento rápido y terminante, casi una admisión de responsabilidades en nombre del acusado, que no por eso suena menos desconcertante. El miércoles 25 hizo el anuncio público un amigo de Jesús Delgado, el Canciller del arzobispado de San Salvador, Rafael Urrutia, en nombre del arzobispo Escobar Alas. Urrutia está a cargo de la segunda fase del proceso de Romero, la que debería proclamarlo santo. También ha instruido la causa de Rutilio Grande, que ya está muy avanzada, probablemente a un paso de los altares. Fue nombrado vicepostulador diocesano del proceso “por mandato fechado en Roma el 16 de junio del año en curso” y no hace mucho manifestó su convicción de que sería rápido y con resultados en tiempos relativamente breves. “Creo que la historia de Romero ha dejado una marca en Roma”, le dijo a Tierras de América poco después de su nombramiento. Y después de Rutilio, “todos los demás”, agregó, refiriéndose a “una sola causa para todos”, seminaristas, sacerdotes y catequistas asesinados antes y después de Romero, cerca de 500 personas sobre las que se estaban instruyendo causas individuales.
Volviendo a Secundino de Jesús Delgado Acevedo, tal es su nombre completo, y a lo que ha ocurrido en las 48 horas que siguieron al chocante anuncio. Hasta el miércoles, Delgado era vicario general de la arquidiócesis de San Salvador, y por lo tanto ocupaba el tercer cargo jerárquico después del arzobispo Escobar Alas y el obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez. Delgado estuvo en primera fila el 30 de octubre en Roma, cuando una delegación de obispos, religiosos y laicos salvadoreños viajó al Vaticano para agradecerle al Papa Francisco por la beatificación de Romero e implorar una pronta canonización, poniendo en manos de la Congregación para la causa de los santos todo el material sobre los posibles milagros del obispo mártir. Y en ese caso Delgado también era parte en la causa.
Por medio de Urrutia se supo que la denuncia contra Delgado fue presentada ante la “Secretaría para la inclusión social” de San Salvador, una estructura que tutela los derechos de los menores, y a partir de allí fue puesta en conocimiento de la Iglesia local antes de la visita de la delegación de salvadoreños a Roma. “En ese momento se inicia la investigación, si existe una denuncia bien fundada”, explicó el canciller. Es algo que requiere tiempo, por eso , “el arzobispado tomó la decisión de hacer el viaje a Roma y luego seguir con la investigación” al regreso. Tal decisión explicaría, para Urrutia, la presencia de Delgado en la comitiva, aunque pesaba sobre él una sospecha infamante. Vanda Pignato, directora de la Secretaría de Inclusión Social de San Salvador y esposa del ex presidente Mauricio Funes, en una declaración realizada en las últimas horas dio a entender cuál podía ser la posible evolución de lo que a todos los efectos es un caso con resonancia internacional. “Jamás vamos a dar el nombre de ella o el relato que nos contó, esto es confidencial. Porque hay otras víctimas seguramente y si los medios (de comunicación) quieren saber de la víctima …las otras víctimas van a tener miedo de presentar una denuncia”. No queda claro si la referencia a otras víctimas corresponde a Delgado o a la reticencia que generalmente sobreviene en una denunciante cuando corre el riesgo de que su nombre se haga público.
La pregunta clave la plantea hoy Carlos Colorado en el sitio SuperMartyrio que dirige. ¿Qué significa la historia de Delgado para la causa de canonización del beato Romero que todavía está en curso? ¿Qué repercusiones puede tener? Y, sobre todo, ¿se pueden plantear objeciones? De poco sirve, como muchos están haciendo, minimizar el rol de Delgado como colaborador de Romero e insinuar una especie de apropiación indebida de una función que en realidad no tenía, por lo menos en las proporciones que se le atribuyen. El mismo beato Romero se refiere en su diario al “padre Jesús Delgado que me acompaña como secretario” a la Conferencia episcopal de Puebla (26 de enero de 1979). Además es sabido que Romero lo propuso varias veces, inútilmente, como obispo, tratando de cambiar un equilibrio que no le era favorable dentro de la Conferencia Episcopal de El Salvador.
Pero hay dos cosas que no se deben perder de vista. La primera: la suspensión de Delgado “de todas las funciones sacerdotales, pastorales y administrativas” que se dispuso el miércoles, incluye también “su participación en la Comisión postuladora ante el Vaticano de las causas de monseñor Oscar Arnulfo Romero y del padre Rutilio Grande”. Por lo tanto, a partir de ese momento Delgado ya no tiene voz ni voto en el camino del beato Romero hacia los altares.
La segunda, y más decisiva. La mujer que lo acusa de violación hoy tiene 42 años. En la época del abuso tenía nueve. Haciendo algunas cuentas rápidas, se deduce que “el romance”, como acostumbran designar estas situaciones los involucrados, comenzó en 1982, dos años después del asesinato de monseñor Romero. Por lo tanto, su reputación está intacta, ninguna sombra de complicidad lo puede rozar. Pero aún así, es una de esas noticias que provocan un nudo en el estómago de los creyentes. Urrutia reveló que la denunciante no ha reclamado indemnización y ha pedido, como reparación, que Delgado deje el ministerio y le pida perdón. “Hemos hablado con él (Delgado) y ha decidido reunirse con la víctima para pedirle perdón”.
Para le lay salvadoreña, la responsabilidad penal de un abuso cometido hace 33 años (si es reconocido o comprobado), ya ha prescripto. Para la Iglesia no.