Evo Morales está por viajar a Roma, donde tendrá un encuentro personal con el Papa. “Hablamos a solas”, aclaró, después de haber explicado que había “sido invitado”. Posteriormente, el 16 de abril, disertará sobre “Las nuevas propuestas que provienen de América Latina” en el marco de las celebraciones por los 25 años de la publicación de la “Centesimus Annus” de Juan Pablo II, que organiza la Pontificia Academia de Ciencias Sociales dirigida por el argentino Marcelo Sánchez Sorondo. La organización del viaje, o la “invitación”, como prefiere llamarlo el ex dirigente cocalero, es anterior a las tensiones que se produjeron en los últimos días con los obispos de su país, porque éstos, en una carta pastoral colectiva, denunciaron la penetración de las mafias del tráfico de cocaína en las “estructuras” más altas del estado boliviano. Los prelados apuntan también el dedo contra la corrupción, que “ha minado la credibilidad de autoridades de diversa jerarquía encargadas de la lucha contra el narcotráfico”. Acusaciones graves, como se puede ver, que ponen de manifiesto que en un país como Bolivia, que siempre fue productor de cocaína, el narcotráfico también ha dado un salto cualitativo. Es otra de las razones por las cuales el viaje del pluripresidente a Santa Marta ya no puede ser el mismo que se programó en un principio.
Morales buscará en el Papa argentino un apoyo para su posición, o por lo menos tratará de vender así a sus compatriotas el viaje a Roma. Pero también lanza una advertencia a los “padres jerarcas de la Iglesia” –como él los llama- conminándolos a que den nombre y apellido de los sujetos que forman parte de su Gobierno y estarían relacionados con el narcotráfico. Incluye asimismo amenazas nada veladas: no hacerlo, según Morales, equivaldría a “atacar al movimiento indígena como en el pasado”. Ampliando sus acusaciones, Morales declaró que sentía mucho que “un grupo de obispos” de su país tenga una “mentalidad colonial”, e incursiona incluso en la historia para fundamentar su filípica: “Piensan que sigue el imperio romano, que ellos tienen la última palabra”.
Evo acaba de sufrir una sonada derrota en el referendum sobre la posibilidad de un tercer mandato consecutivo en nombre del pueblo. Tiene que dejar la presidencia en 2018, y en qué manos, está por verse. En la carta pastoral, los obispos hablan “Sobre narcotráfico y drogadicción” y afirman que “la economía de nuestro país se nutre, en parte, de recursos provenientes del narcotráfico, lo que la distorsiona (…). Esto falsea las condiciones económicas del mercado productivo. Una verdadera lucha contra este mal debe atacarlo también en sus movimientos financieros”.
El desafío de Morales para que den nombres no quedó sin respuesta. Los interesados remiten a las fuentes citadas en la carta pastoral: el Informe Anual de la Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el documento anual sobre Monitoreo y Cultivo de la Coca 2014 (Uondc 2015), el Informe sobre la Lucha contra el Narcotráfico, y los Informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se citan también los casos de ex comandantes de la Policía arrestados por sus relalciones con el tráfico de cocaína y el reciclado de dinero, e instituciones como la Sociedad petrolífera estatal YPFB, “infiltrada por funcionarios y contratistas relacionados con el narcotráfico”.
El jueves 7 de abril habrá una respuesta al ultimatum del presidente Evo Morales cuando los acusados, vale decir el Episcopado Boliviano en su totalidad, se reúna para la Asamblea plenaria en la ciudad de Cochabamba. El vocero, Edwin Bazán, anticipó que en esa oportunidad decidirán “sobre la pertinencia o no de responder al gobierno”.
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