La historia parece repetirse. Los acuerdos se acercan y la violencia política se agudiza. Es la estrategia para debilitar las filas de los que podrían entrar a la arena política en agrupaciones donde confluirían algunos dirigentes de la guerrilla después que depongan las armas. Desde que empezó el año, 12 exponentes de asociaciones de derechos humanos y dirigentes sociales fueron asesinados en Colombia. El Ministro del Interior del gobierno de Manuel Santos, Juan Fernando Cristo, reconoció la seriedad de la amenaza y convocó a las asociaciones de derechos humanos y a las agrupaciones políticas como Marcha Patriótica, Unión Patriótica y Cumbre Agraria para formar un equipo de trabajo que sugiera al Poder ejecutivo las medidas que se deben tomar para contrarrestar estos homicidios.
Mientras en Cuba las delegaciones del gobierno y la guerrilla preparan el texto definitivo de los Acuerdos de paz, en Colombia miran con preocupación la escalada de asesinatos políticos cuyos objetivos son representantes de la izquierda, líderes sindicales y campesinos que forman parte de movimientos destinados a adquirir protagonismo cuando comience el desarme y la participación de las FARC en la vida política nacional.
La situación recuerda los años de sistemática eliminación de miembros de la Unión Patriótica, cuando se intentaron los primeros acuerdos en 1985. En las elecciones de 1986, la Unión Patriótica obtuvo un importante resultado electoral que le permitió elegir un grupo parlamentario, decenas de diputados regionales, alcaldes y varios cientos de consejeros comunales. Aquel resultado tuvo un precio muy alto: más de cinco mil dirigentes y militantes fueron asesinados, entre ellos dos candidatos a la presidencia, diputados, alcaldes y consejeros.
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