Entre 1980 y 2015 los casos de desapariciones sin resolver que se registraron en México fueron 545. Si fraccionamos el período y consideramos los años 2008 a 2015, suman 136, el mismo número que se registra en la República árabe de Siria.
Los datos que acabamos de citar se encuentran en un documento de la Dirección General de Investigación Estratégica del Poder Legislativo. Los estados de México donde hay más desapariciones son Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, donde, no por casualidad, se registran altos índices de actividad narco. Uno de los casos más recientes que incluye el documento es el secuestro y probable asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y el secuestro de 5 jóvenes en Veracruz. En ambos casos se ha comprobado que la policía entregó las víctimas que estaban en su poder a grupos criminales organizados.
Los años en que se registra el mayor número de desapariciones forzadas en México coincide con períodos en que las Fuerzas del orden intervinieron con fines de seguridad y orden interno. Este último dato forma parte del informe anual del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de las Naciones Unidas. La mayoría de las desapariciones ocurrieron en tres momentos específicos que marcaron la historia de México: los años setenta, que corresponden a la época de la “guerra sucia”; 1994, que coincide con el conflicto armado que provocó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas; y el período 2007-1012, cuando el gobierno de Calderón intensificó la guerra contra los narcos.
Se comprende que una de las principales exigencias de los organismos de derechos humanos es que se retire a las Fuerzas Armadas de misiones de seguridad interna.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que las Fuerzas Armadas mexicanas no han recibido adiestramiento adecuado para realizar tareas de seguridad nacional, que deberían corresponder a Fuerzas de Policía eficientes y respetuosas de los derechos humanos en la lucha contra la criminalidad, sometidas al control del Congreso y del Poder Judicial.
El Registro nacional dependiente del gobierno de México que centraliza las estadísticas sobre personas desaparecidas o no localizadas contiene 27.659 casos. En el período más reciente, entre los meses de enero de 2014 y junio de 2015, 18 meses en total, las personas desaparecidas que figuran en el registro son 820. Por esa razón el Informe señala la urgencia de una Ley sobre desapariciones forzadas que facilite las localizaciones y contribuya a la reaparición integral de las víctimas.
ametalli@gmail.com
