HONDURAS. LA VIOLENCIA INVISIBLE. Miles de familias empujadas por la violencia migran dentro del mismo país

Migrar obligados por la violencia. En Honduras son 41.000 familias: 174.000 personas – el 44% menores – se desplazaron dentro del mismo país. No para concretar un sueño, sino simplemente para sobrevivir. Actualmente hay 15.000 niños que duermen en la calle, buscando en la basura algo para comer y para cubrirse. Víctimas de una pobreza que los hace más vulnerables todavía. Los crímenes contra ellos no tienen castigo salvo en el 3% de los casos, una minúscula excepción. Puede ser que las estadísticas no sean muy exactas, pero leyendo la encuesta del semanario nacional Fides daría la impresión de que se han redondeado hacia abajo, por prudencia. De todos modos, están muy lejos de las oficiales: “No podemos seguir ocultando cifras, especialmente de niños y niñas”, afirma terminantemente Jaime Flores, coordinador del “Observatorio para la niñez de Casa Alianza”, donde trabaja Gerardo Rivera, técnico en investigación social. Rivera explica al semanario, que responde al cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, que los datos que maneja este organismo representa solo el 40% de los casos. Por ejemplo, si en el mes de agosto los medios de comunicación de Honduras informaron sobre un total de 300 personas asesinadas, los homicidios en el país – incluyendo los que no se difundieron – deben haber sido entre 700 y 800 (de éstos, cerca de 70 corresponden a menores). El Estado, sigue diciendo Rivera, “lejos de buscar formas de proteger a la niñez,  lo que hace es responder con más violencia. Eso lo vemos a nivel macro: más armas, más policías, más militares en las calles”. Para decirlo en pocas palabras, el informe de la Casa Alianza afirma que el gobierno “lo que está atacando son los efectos de la violencia, nada más”, no las causas. Una cosa es arrestar a un extorsionador y otra –mucho más compleja – es atacar el fenómeno de la extorsión en todos sus niveles. Las cifras ocultan los rostros y las historias, pero dan una idea del drama: 417.000 menores sufren explotación laboral. Este y otros problemas, advierte el estudio, “no lo resuelven las Iglesias, ni lo resuelven las ONG con pequeñas cositas, no lo resuelve nadie. Aquí en primer lugar, debe haber una política de Estado, que el Estado de verdad quiera resolver el problema”. Afrontar el problema y no tratar de tranquilizar a la gente, sobre todo porque resulta escalofriante la falta de interés por tantas personas abandonadas a su suerte, totalmente indefensas en manos de criminales.