Tierra justicia y trabajo, un trinomio que para muchos campesinos brasileños constituye un sueño imposible y causa de muerte. El último informe de la Comisión Pastoral de la Tierra muestra que la violencia en el campo de Brasil ha llegado a su punto más elevado justamente en 2016 con 1.079 casos, un incremento del 40% respecto de 2015, cuando se habían registrado 771. El informe documenta también que en 2016 se verificaron 61 homicidios, un aumento del 22% respecto al año anterior que había cerrado con un saldo de 50 muertos. Ampliando el arco de observación a los últimos 25 años, se puede constatar que el número de homicidios de 2016 solo es inferior al de 2003, cuando se registraron 73.
El dossier titulado “Conflitos no Campo: Brasil 2016” especifica que de los 61 homicidios de 2016, 58 están relacionados con conflictos por la tierra, dos por el agua y uno por la propiedad de un terreno. Rondônia fue la zona con mayor número de víctimas – nada menos que 21, el 34% del total. En el estado de Tocantins las disputas por la tierra aumentaron un 313% respecto a 2015, pasando de 24 episodios a 99 en 2016.
En los últimos dos meses, tres graves conflictos permitieron comprender que la situación no será distinta este año. “Estamos viendo que 2017 puede ser incluso peor”, pronostica el padre Paulo César Moreira, integrante de la coordinación nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra. En abril, cinco personas fueron asesinadas en un conflicto por tierras en un asentamiento de la comuna de Colniza, en el estado de Mato Grosso. A principios de mayo, diez personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre los indios Gamela y “fazendeiros” en la ciudad de Viana, estado de Maranhão. A fines del mismo mes mataron otras diez personas durante un operativo policial en una hacienda de Pau d’Arco, en Pará. Considerando estos conflictos recientes, ya se han registrado 36 muertos en pocos meses, lo que confirma que 2017 está destinado a marcar un nuevo récord siniestro.
“En Brasil tenemos una de las estructuras de propiedad de la tierra más concentradas del mundo, que es una herencia del sistema colonial. Cerca del 1% de los propietarios posee el 60% de las tierras”, explica Bernardo Mançano, profesor de la Universidad Estatal de San Pablo. “Los latifundistas quieren seguir ampliando esa concentración de propiedades porque el sector agropecuario y las corporaciones multinacionales están interesadas en arrendar esas tierras, con el beneplácito del gobierno. La frontera amazónica que se extiende por Mato Grosso, Rondônia y Pará es la frontera agrícola de Brasil, donde los latifundistas quieren expandirse y donde se está verificando la mayor cantidad de homicidios de pequeños agricultores, campesinos e indígenas que oponen resistencia”.
El padre Paulo señala que históricamente la impunidad es una de las principales razones de la violencia en el campo en Brasil. “Una cosa es cierta, los que cometen violencia en el campo raramente reciben castigo”. Cita casos que se remontan hasta 20 años atrás y que todavía no tienen condena definitiva para los criminales. Uno de los más famosos internacionalmente fue la Masacre de Eldorado dos Carajás, en 1996, cuando la policía de Pará mató a 19 “sin tierra”. Moreira explica que la intensificación de la violencia en el campo acompaña períodos de crisis política. El número de homicidios de trabajadores del campo solo fue más alto entre 1985 y 1990 y en 2003. En la década del ’80, por ejemplo, se discutía encarnizadamente los términos de una nueva Constitución. “Los movimientos populares relacionados con el campo eran extremadamente activos y fueron los que consiguieron el mayor número de firmas para el proyecto de reforma agraria elevado a la Asamblea Constituyente” observa Moreira. “El latifundismo reaccionó tratando de frenar ese ímpetu, y eso fue lo que provocó un mayor número de asesinatos, 125 en 1985, y 105, 109, 93, 56 en los años subsiguientes, llegando a 75 en 1990”. En 2003 la violencia aumentó por la desconfianza de los empresarios y ruralistas brasileños en Luís Ignacio Lula da Silva. “En 2003 se verificaron 73 homicidios, cuando Lula ganó las elecciones y asumió la presidencia. Durante la campaña había prometido realizar una reforma agraria por decreto y la reacción de los latifundistas no se hizo esperar, como lo demuestra el número de homicidios. Pero los ruralistas terminaron incorporándose al gobierno y la reforma agraria nunca se concretó, por eso las muertes fueron disminuyendo”. A partir de 2016, con el impeachment a la ex presidente Dilma Rousseff y la crisis económica galopante, recrudecieron los conflictos en el campo.
Dom Enemésio Lazzaris, presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra, lo atribuye a una negligencia del gobierno municipal, estatal y federal, y afirma que la violencia en el campo se puede prevenir haciendo justicia, concretando la reforma agraria y tutelando el derecho de las comunidades.
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