La “gravosa decisión” que tomó el Papa al destituir al obispo de Ciudad del Este, monseñor Rogelio Ricardo Livieres Plano, por “serias razones pastorales” y como resultado de una visita apostólica confiada al cardenal español Santos Abril y Castelló, agita oscuramente las aguas de la Iglesia del Paraguay. El caso ganó las primeras páginas de los diarios nacionales, que reprodujeron los pronunciamientos de las diversas personas involucradas. En orden de aparición, la conferencia de prensa del nuncio apostólico Eliseo Ariotti, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal, Claudio Giménez, y el secretario general de la misma, Adalberto Martínez, quienes se aprestan a viajar a la diócesis del obispo destituido “para asegurar la serenidad eclesial y espiritual de la diócesis (…) y garantizar las adecuadas medidas de continuidad administrativa y pastoral” a la diócesis de Ciudad del Este”. La misma diócesis, por su parte, ha elaborado y difundido un comunicado donde afirma que espera “con alegría y esperanza” al sucesor – por ahora será el obispo de Villarica, Ricardo Valenzuela Ríos, quien estará a cargo de la “sede vacante” como administrador apostólico- y al mismo tiempo hace notar que al obispo destituído se le ha solicitado la renuncia “por la falta de unidad en la comunión con los otros obispos del Paraguay”, sin que se le hubieran mostrado los resultados de la visita apostólica realizada en el mes de julio ni se le haya permitido hablar con el Papa “para poder defenderse y aclarar las dudas que hubiere” sobre su actuación.
Desde Roma, donde se encuentra en este momento, monseñor Rogelio Livieres Plano escribió su propia defensa en cuatro páginas dirigidas al cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos. Una defensa vehemente que acepta el veredicto “como hijo obediente de la Iglesia” aunque al mismo tiempo hace acusaciones en varias direcciones. A los hermanos de la Conferencia Episcopal paraguaya, por haberse “opuesto sistemáticamente” a su nombramiento “antes incluso de que pudiera poner un pie en la diócesis”. Al nuncio apostólico, mons. Ariotti, y algunos obispos del país, que han “maniobrando de manera orquestada y dando filtraciones irresponsables para ‘orientar’ el curso de acción y la opinión pública”. A “grupos políticos y asociaciones anti-católicas” que “con el apoyo de algunos religiosos de la Conferencia de Religiosos del Paraguay” se han opuesto “a toda renovación y cambio en la Iglesia del Paraguay”. Al cardenal Santos y Abril, que a su juicio efectuó la visita apostólica con prejuicios y habiendo ya decidido el epílogo “antes de los informes finales y el examen del Santo Padre”. Sin excluir a este último, el Papa, que el obispo destituído opone a sus predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, que en cambio lo “apoyaron para seguir adelante”.
Posteriormente Mons. Livieres dirige al Papa palabras duras por no haber querido recibirlo en Roma para aclarar eventuales “dudas o preocupaciones”: “Tendrá que dar cuentas a Dios” por una “decisión infundada y arbitraria”.
El núcleo del caso, para mons. Livieres, es “la oposición y persecución ideológica” de la que habría sido objeto por haber intentado restablecer una recta eclesialidad contra la “reducción de la vida de la fe a las ideologías de moda y al relajamiento cómplice de la vida y disciplina del clero”. “El verdadero problema de la Iglesia en el Paraguay”, afirma el obispo, “es una crisis de fe y de vida moral que una mala formación del clero ha ido perpetuado, junto con la negligencia de los Pastores”.
En la larga misiva fechada el 25 de septiembre y escrita desde Roma hay una vistosa falta de referencias al caso del sacerdote argentino Carlos Urrutigoity, encardinado a la diócesis de Ciudad del Este en 2008 y nombrado vicario general por Livieres dos años atrás, a pesar de que el obispo estadounidense Joseph Martino había manifestado “serias reservas” por las acusaciones de abuso sexual hechas por un estudiante de ese país. La diócesis de Scranton, donde el sacerdote sospechado ejerció su ministerio entre 1998 y 2002, lo suspendió de sus funciones sacerdotales y cerró la denuncia en su contra pagando una indemnización de 400 mil dólares.
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