Expulsan buscadores de oro y desmantelan campamentos ilegales. Elicópteros y tropas de tierra desalojaron cinco campamentos ilegales dedicados a la extracción de oro a orillas del río Santiago, en el Amazonas peruano. Los operativos destruyeron 17 dragas empleadas para extraer el metal precioso del lecho del río. No se ha registrado ningún arresto porque los mineros ilegales se refugiaron en la jungla de la zona alta del monte Awajún.
La explotación clandestina es un mercado que produce el 20 por ciento del oro de todo el país y proporciona trabajo a 40.000 personas aproximadamente, provenientes en su mayoría del altiplano de los Andes y otras regiones paupérrimas del Perú. A mediados de la década del ochenta estalló el fenómeno y de la noche a la mañana miles de personas empezaron a dedicarse a buscar oro, alentados por el incremento continuo del precio del metal en los mercados internacionales. Esta situación suponía posibilidades demasiado tentadoras para no intentar el camino de la explotación ilegal aunque implica una actividad agotadora, con jornadas enteras hundidos en el barro hasta las rodillas, pero sumamente promisoria, sobre todo para alguien no tiene otras posibilidades.
La ofensiva del gobierno de Ollanta Humala contra los buscadores abusivos de Perú comenzó a gran escala en el mes de abril. Acorralado en el plano internacional, el gobierno intentó primero la vía pacífica cortando el suministro de gasolina, combustible indispensable para el funcionamiento de las maquinarias y vehículos de transporte. Después recurrió al ejército, que prende fuego a depósitos y equipamiento, destruye las poblaciones precarias que rodean las canteras y desmantela maquinarias.
El primer objetivo declarado de la ofensiva de la autoridades peruanas es reducir drásticamente el impacto ambiental. Para separar el oro de la arena y de los sedimentos, los buscadores utilizan una enorme cantidad de mercurio, altamente tóxico, que se vuelca en el curso de los ríos y lagos o directamente en la tierra. Ese mercurio contamina la fauna ítica y compromete seriamente la cadena alimentaria. No son pocos los casos de policías que han trabajado en estos operativos y terminan internados en un hospital con síntomas de intoxicación. La misma construcción de rudimentarias instalaciones para la extracción del metal precioso implica por su parte una lenta pero progresiva deforestación de la región Amazónica. Los cálculos oficiales del ex ministro de Medio Ambiente peruano Brack Egg hablan de 370.000 hectáreas de selva destruidas entre el año 2000 y la actualidad. Existen también –es inútil negarlo- razones político-económicas: la actividad de extracción se encuentra en gran medida en manos de poderosos carteles de la droga sudamericanos y la criminalidad relacionada con este tráfico va constantemente en aumento. No es casual que desde hace seis meses varios analistas hayan definido el oro como “la nueva cocaína”. No en último lugar se plantea un problema social relacionado con los trabajadores, incluso menores, sometidos a una vida inhumana y a turnos de 24 horas a cambio de unos pocos dólares.
Según las declaraciones de Daniel Urresti, ex general del ejército del Perú y actual responsable de las operaciones de desmantelamiento, el gobierno está implementando una serie de medidas y realizando inversiones para reubicar a los mineros ilegales, sobre todo en el sector de la agricultura y del turismo.
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