La justicia española podrá continuar la investigación por el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras domésticas, ejecutados por militares en noviembre de 1998 en El Salvador, durante la guerra civil (1979-1992). Así lo dictaminó el 3 de octubre la Audiencia Nacional, máximo organismo español en este tipo de causas, decidiendo sobre un recurso del “Centro para la Justicia y Responsabilidad” (CJR), la misma ONG estadounidense que hizo reabrir el caso en 2009, junto con la Asociación Pro Derechos Humanos” de España.
La investigación se encontraba detenida desde el mes de marzo debido a la reforma de la justicia que impulsó el gobierno de Rajoy cuyo propósito era regular los alcances del principio de jurisdicción universal, vigente en el legislación española desde 1985. Según este principio, en los casos de crímenes de lesa humanidad (como se considera el asesinato de los jesuitas), los jueces españoles podían superar el límite de las fronteras geográficas o de la nacionalidad de las víctimas. Sobre dicha base legal se abrieron en España, entre otros, los procesos referidos a las torturas en Guantánamo, el genocidio en Ruanda o la represión china en el Tibet, iniciativas animadas por las mejores intenciones pero que causaron no pocos problemas diplomáticos al país ibérico. Después de la reforma, el caso de los jesuitas caratulado como crimen de lesa humanidad pasó a considerarse como acto de terrorismo y por esa razón sólo podía incluir a las cinco víctimas con pasaporte español. Pero ahora, gracias a la decisión del tribunal, se vuelve al criterio inicial que no solo se refiere a los cinco religiosos españoles sino que incluye además a las tres víctimas salvadoreñas (un sacerdote, la cocinera y su hija de dieciséis años).
La decisión fue acogida con complacencia en El Salvador. Constituye la única posibilidad de dar la palabra definitiva a los jueces, visto que en el pequeño país centroamericano los presuntos responsables se encuentran beneficiados desde 1993 por una ley general de amnistía. La Iglesia también expresó su satisfacción por la decisión de la corte española. “Significa que el caso va a seguir adelante allá, y eso es buena cosa” dijo el obispo auxiliar de San Salvador, mons. Rosa Chávez, en rueda de prensa después de la misa dominical. El prelado recordó que los familiares de los cinco jesuitas españoles “decidieron continuar con la demanda en España” y destacó que los religiosos de El Salvador han dicho que “están abiertos a que se haga justicia” y a conceder “el perdón a los criminales que cometieron ese magnicidio”, pero a condición “de que se conozca qué pasó y oficialmente (sea) reconocido por el gobierno”.
Con palabras muy semejantes la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA) donde enseñaban los jesuitas (el padre Ignacio Ellacuría era el rector) hizo saber a través del director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad, Luis Monterrosa, su propia satisfacción. “La UCA la ha dicho muchas veces, está dispuesta a perdonar, no hay ningún problema, la gente en general está dispuesta a perdonar, pero tenemos que saber a quién vamos a perdonar y sobre todo de cara al país, y tiene que haber acceso a la verdad”, declaró a AP. Agregó también que por otra parte es fundamental “la garantía de que casos como este no se van a repetir”. “Necesitamos que la sociedad tenga la garantía que nunca más el ejército, ni ninguna otra fuerza político-militar se va a poner por encima del estado de derecho”, afirmó.
La UCA considera cerrado el caso contra los nueve ejecutores materiales (siete absueltos, mientras los únicos dos condenados se vieron beneficiados por la amnistía poco tiempo después), pero sigue pidiendo justicia con respecto a los mandantes. En 1993, un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que se difundió inmediatamente después de la amnistía, señalaba que en 1989 la orden de matar al sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos fue dada durante una reunión de los altos mandos militares. Pero más allá de la decisión del tribunal, el camino todavía es largo y lleno de incógnitas, considerando sobre todo la reticencia del gobierno salvadoreño a colaborar con la justicia. Ya en 2011 el gobierno de Mauricio Funes se negó a cumplir una orden de arresto internacional emitida por la Interpol. En 2012 llegó la decisión de la Corte Suprema de El Salvador de no conceder la extradición a España de los presuntos culpables. También desaparecieron misteriosamente algunos importantes documentos necesarios para la eventual extradición a Madrid de los militares acusados. Los militares imputados son 20 pero dos de ellos se encuentran en Estados Unidos, uno ha fallecido y otro, el general Zepeda, es candidato a diputado en las próximas elecciones de 2015.
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