Lo que tanto se temía, ha ocurrido, y la suspensión del laborioso proceso de paz, al menos por el momento, está dentro del orden lógico. El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció la interrupción de las negociaciones con los guerrilleros debido al secuestro, ocurrido el domingo, del general del ejército Rubén Darío Alzate en el departamento de Chocó, una región pobre en la costa del Pacífico. Ignorando los protocolos de seguridad, el general se habría dirigido en una embarcación al pequeño poblado de Las Mercedes, ubicado a orillas del río Atrato, para estudiar un proyecto de provisión de energía a una comunidad rural. Junto con él se encontraban el cabo primero Jorge Contreras Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, asesora de proyectos especiales del Ejército en la región.
No caben dudas sobre los responsables del secuestro. “El Espectador” uno de los diarios colombianos más respetados, logró tener acceso al testimonio de un soldado que escapó a la emboscada del grupo guerrillero. Según el informe, el soldado que piloteaba la embarcación advirtió al oficial que se encontraban en zona roja, por la alta presencia de guerrilleros. El general, por su parte, le habría ordenado que continuara en la ruta indicada. Cuando llegaron a Las Mercedes, los militares y la abogada fueron sorprendidos por integrantes del Frente 34 de las FARC, mientras el soldadoque había permanecido en la lancha logró escapar.
Fuentes de inteligencia del gobierno colombiano consideran que la emboscada no fue un incidente improvisado, sino que habría sido planeada y estudianda con anterioridad. No hay que olvidar que en la misma área operan también otros grupos armados, entre ellos el Ejército de liberación nacional (ELN).
El general Alzate se desempeña actualmente como comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército, activada en enero pasado con participación del presidente Santos y el ministro de Defensa. Esta Fuerza es una unidad especial que tiene dos funciones principales, combatir la inseguridad y la ilegalidad en 22 municipios del Chocó y efectuar operaciones contra el avance de la guerrilla y las bandas criminales.
Sobre los hechos pesan algunos interrogantes que la prensa colombiana no ha dejado de plantear en las últimas horas. El más grave es cómo se justifica que un alto oficial militar haya decidio actuar en condiciones mínimas de seguridad, sin respetar los protocolos establecidos. El presidente Santos no dudó en señalar la inconsciencia de esta decisión, aunque por otra parte no cabe duda de que las FARC actuaron en forma premeditada.
El precio de lo ocurrido es alto. Este tipo de operaciones mina peligrosamente la confianza del país en el proceso de paz. Pero lo más grave es que, si se alargan los tiempos para concretar el acuerdo final, existe el riesgo de comprometer seriamente los pasos cumplidos hasta el momento.
El avión de los negociadores del gobierno debía aterrizar hoy lunes en La Habana. Precisamente a estas horas estaba previsto un encuentro con los representantes de las FARC para proseguir el camino del diálogo inaugurado hace ya dos años en la capital cubana. Lo cierto es que ese avión no tocará el suelo de la isla hasta que no haya quedado completamente aclarado el secuestro y los rehenes recuperen la libertad.
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