¿Se puede lograr la reconciliación después de cincuenta años de conflicto? ¿Se puede confiar en el que ayer era tu enemigo? Y sobre todo: ¿qué hacer con los ex rebeldes? Son algunas de las preguntas a las que que el Ejército y toda la sociedad colombiana en general-ahora que la mayoría de la población apuesta a la paz con le FARC-, intentan darle una respuesta. Y buscan la ayuda de quienes en el pasado vivieron situaciones parecidas.
Ese fue el propósito del encuentro realizado en Cartagena entre el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en pleno (al que asistió también el ex general y actual negociador, Jorge Enrique Mora) y un grupo internacional de expertos en desarme y gestión de posguerra. La reunión fue útil, como afirma el Ministro de Defensa colombiano, Carlos Pinzón, para “tener mente abierta, conocer y aprender de las mejores prácticas”. Porque “hay que buscar el mejor modelo posible”.
El proceso de posconflicto con las FARC no plantea un panorama sencillo. Un rol de primer plano corresponderá a los 500 mil efectivos del Ejército Colombiano. Los ejemplos que aportaron los invitados internacionales –como el general estadounidense Kelly, veterano de las dos guerras del Golfo y actual titular del Comando Sur de Estados Unidos- fueron variados. El de Nepal, por ejemplo, donde la rebelión que comenzaron en 1996 los guerrilleros maoistas dejó un saldo de 13 mil muertos, hasta llegar al acuerdo con el gobierno firmado en 2006. Para reinsertar institucionalmente a los rebeldes se implementó un plan de rehabilitación donde los guerrilleros tenían tres opciones: recibir una suma de dinero, seguir un curso de formación técnica o incorporarse al ejército real nepalés. El plan trajo naturalmente cierto malhumor dentro del Ejército, pero le permitió a éste mantener íntegras sus fuerzas y volver lentamente a la normalidad.
Los expertos también presentaron el caso de Irlanda del Norte, donde el primer paso para la reconciliación entre católicos y protestantes fue el acuerdo del Viernes Santo de 1998. Una de las medidas más significativas que se adoptaron fue la reforma del Royal Ulster Constabulary, un cuerpo de policía integrado en un 93 por ciento por protestantes, y responsable de abusos contra miles de civiles. En 2001 el gobierno creó el Police Service of Northern Ireland, una nueva agencia mucho más abierta y atenta a los derechos humanos, que fue la base para reconstruir la confianza con los antiguos adversarios. Esta experiencia probablemente constituyó el modelo para la propuesta que se hizo en Colombia de organizar un cuerpo de policía formado por ex guerrilleros, propuesta que originó una oleada de reacciones contrarias pero que quizás sea nuevamente estudiada con mayor atención.
En el capítulo de “lo que no se debe hacer”, los especialistas reunidos en Cartagena citan el caso de El Salvador. En ese país los acuerdos posteriores a la guerra civil, que se vivió de 1980 a 1992 y costó 75.000 muertos y desaparecidos, no contemplaron la inserción de los ex guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el Ejército. Por el contrario, las Fuerzas Armadas, con la tutela internacional, debieron desmovilizarse y en poco tiempo redujeron sus efectivos un 50 por ciento. Esto dejó el campo libre a las ultra violentas pandillas o maras, bandas criminales relacionadas con el narcotráfico que han convertido a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 41,2 homicidios cada 100 mil habitantes.
En síntesis, no faltan ejemplos positivos y negativos, y el debate está abierto: la búsqueda de una “vía colombiana” para el posconflicto recién acaba de empezar.
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