Es una masacre silenciosa y silenciada, y sus víctimas se concentran en América Latina y en el sudeste asiático: Brasil, Filipinas, Colombia, Honduras, Perú, Guatemala. En estos y en otros países, donde viven poblaciones de mayoría católica, residían y trabajaban los 116 activistas comprometidos en la defensa de la tierra y del medio ambiente que fueron asesinados en 2014. Una lista de nombres probablemente incompleta y que representa casi el doble del número de periodistas asesinados en el mundo durante el mismo período, al mismo tiempo que registra un aumento del 20% con respecto al año 2013.
Mientras esperamos la encíclica del Papa Francisco dedicada al medio ambiente y al impacto del sistema de desarrollo en los recursos naturales, el Informe 2014 que acaba de publicar la organización internacional Global Times (que trabaja en la denuncia de los vínculos ocultos entre la explotación ambiental, la corrupción y los conflictos armados) arroja luz sobre uno de los aspectos más oscuros y ocultos de la cuestión ambiental, que es una de las principales preocupaciones pastorales del obispo de Roma y será el tema de su segunda encíclica, después de la “Lumen fidei”, escrita a “cuatro manos” con Joseph Ratzinger.
El informe de Global Witness, titulado “How Many More?” (que recoge la agencia Fides, de las Pontificias Obras Misioneras) indica que en 2014 se registraron 88 homicidios de defensores del medio ambiente solo en América Latina. El número de crímenes contra los activistas ambientales perpetrados en los países latinoamericanos equivale a las tres cuartas partes de los asesinatos de militantes comprometidos en la defensa del medio ambiente en todo el mundo. Según el documento, al menos dos personas por semana son asesinadas por su compromiso contra la destrucción del medio ambiente. La lista incluye tanto los ambientalistas asesinados por militares y fuerzas de policía durante manifestaciones y enfrentamientos relacionados con la ocupación de tierras, como los “eliminados” por sicarios. «Mientras las empresas buscan nuevas tierras para explotar –explica el documento–, hay cada vez más personas que terminan pagando así su resistencia».
El informe pone de relieve un dato elocuente: en los países de América Latina, más del 40% de las víctimas enroladas en las filas de los defensores de la naturaleza y de la tierra pertenecen a las poblaciones indígenas. La violencia de los aparatos oficiales y la violencia criminal afecta con particular virulencia a las poblaciones indígenas que deciden defender la tierra en la que viven del asalto de las empresas que buscan constantemente nuevas tierras para explotar. En 2014 hubo 47 indígenas asesinados mientras trataban de proteger sus tierras. Un número que probablemente es inferior al dato real, considerando que este tipo de violencia se ejerce en zonas remotas y que la identidad de las víctimas a menudo es un misterio.
En los casos documentados en 2014, todas las muertes violentas de activistas pro-tierra se dieron en un contexto de disputas relacionadas con la propiedad, el control y el uso de la tierra y de los recursos naturales. Aumentaron las muertes vinculadas con las protestas por la instalación de estructuras para la producción de energía hidroeléctrica y para la explotación de minas y otras industrias de extracción, y también aumentaron las muertes de quienes protestaban por la contaminación del agua, por la pesca ilegal y por la explotación sin criterio de la flora y de la fauna.
Otro de los aspectos que documenta el informe de Global Witness es la difundida impunidad de los homicidios y la violencia contra los activistas que defienden el medio ambiente. La documentación recopilada en relación con los casos que han llegado a convertirse en investigaciones judiciales indica que entre los autores materiales de estas violencias están grupos de paramilitares, fuerzas de policía y contratistas privados, mientras que entre los mandantes hay propietarios de tierras, personajes del crimen organizado y miembros y agentes de los grupos económicos que explotan los recursos naturales.
Brasil encabeza la lista de los países donde asesinan con mayor frecuencia a los activistas ambientales (con 29 víctimas), después siguen Colombia (con 25), Honduras (12), Perú (9) y Guatemala.
La matanza de defensores de la tierra y de los recursos naturales interpela también a las Iglesias, en los países donde siempre se ha relacionado la predilección por los pobres con la cuestión ambiental y con los conflictos provocados por la explotación de los recursos naturales. Sobre todo en América Latina, donde hace décadas que muchos agentes pastorales que fueron asesinados mientras servían a Cristo en los pobres estaban involucrados en conflictos relacionados con el uso de la tierra y de sus bienes. Hombres y mujeres como Ezechiele Ramin, el comboniano que murió en 1985 en una emboscada en Cacoal, en el estado brasileño de Rondonia, defendiendo a los pequeños agricultores frente a la opresión de los latifundistas. O como Dorothy Stang, la monja brasileña de origen estadounidense asesinada en 2005 en el estado brasileño de Pará porque acompañó durante años a los campesinos y obreros en las luchas contra la deforestación de la Amazonia.
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