Hay muchos que están convencidos de que las batallas por los llamados nuevos derechos son un tema circunscripto a los países del Occidente rico, en vías de declinación. Lo que está ocurriendo en Colombia cuestiona esa afirmación y permite comprender que estamos frente a un cambio de época, considerando también la intervención del Poder judicial. El año que está por terminar ha marcado al país latinoamericano por las discusiones y las decisiones que se adoptaron sobre la eutanasia, el derecho de adopción de parejas del mismo sexo, la ampliación de las normas que permiten el aborto y la apertura al uso terapéutico de la marihuana, como así también por el cambio de ruta político en la lucha contra las plantaciones de coca y de amapola para opio, con la suspensión de las fumigaciones tóxicas.
Después de 30 años de lucha contra los estupefacientes, cuyo principal aliado era Estados Unidos, el gobierno colombiano ha evaluado que no se puede encuadrar el problema solamente como una cuestión criminal o de orden público, sino que es un problema de sanitario. Por eso el pasado mes de mayo suspendió el uso del glifosato para la errradicación de los cultivos ilegales, respondiendo a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que lo incluyó en la lista de sustancias cancerígenas. Ambientalistas, ONG y comunidades locales recibieron la medida con beneplácito. Por el contrario, fue duramente criticada por funcionarios del gobierno estadounidense y miembros del Partido Conservador Colombiano. El presidente Manuel Santos quiera atacar las raíces sociales del fenómeno con un enfoque educativo. El gobierno ha promovido acuerdos con los campesinos para eliminar el cultivo y abrirles nuevas oportunidades. En esa dirección se orienta la concesión del permiso para cultivar marihuana con fines medicinales y científicos, en especial para la producción, entre otras cosas, de aceites y cremas. Todo lo cual no implica una despenalización del uso recreativo de la hierba ni el tráfico.
Colombia es el primer país de América Latina que legalizó la muerte asistida. El 20 de abril de 2015 el gobierno colombiano, tras una sentencia de la Corte Constitucional, aprobó un protocolo que fija las normas para aplicar la eutanasia a adultos mayores enfermos terminales que hayan manifestado la voluntad de “morir con dignidad”. Sin embargo, no faltaron dificultades para aplicar la normativa, tal como demuestra el caso de Ovidio González, primer hombre que obtuvo la eutanasia autorizada en Colombia. González, de 79 años, afectado por un cáncer que le había desfigurado el rostro, encontró la oposición de uno de los médicos que lo atendía, y solamente después de presentar un recurso judicial pudo obtener la autorización de las autoridades.
El 5 de noviembre de este año, la Corte Constitucional concedió a las parejas homosexuales la posibilidad de adoptar un hijo sin ningún tipo de restricciones. Los jueces reconocieron que tenía prioridad el derecho del menor a tener una familia, antes que considerar la adopción como un derecho de los gay. Esta sentencia se relaciona con otra de agosto de 2014 que permitió que una pareja de mujeres – Ana Elisa Leiderman e Veronica Botero – adoptaran a una menor que era hija de uno de los miembros de la familia; en ese caso el lazo biológico fue la base de la decisión.
A partir de una sentencia de la Corte Constitucional de 2006, el aborto en Colombia está permitido en tres casos: estupro, malformación del feto y cuando la salud de la madre está en peligro. El pasado 10 de noviembre se reabrió el debate con la intervención del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien anunció que propondrá una ley que permita el aborto sin condiciones durante las tres primeras semanas de gestación. El ministro de Salud, Alejandro Gaviría, dijo que no estaba completamente de acuerdo, aunque reconoce que las mujeres tienen derecho a elegir y la necesidad del aborto legal, no está convencido de que sea necesaria una ley de ese tipo. En Colombia –explica Gaviría- todos los años hay cientos de miles de abortos clandestinos que son la primera causa de mortalidad materna y por lo tanto los principales obstáculos son culturales y la falta de conocimiento.
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