Agilizar los trámites con propuestas originales y alternativas, es posible. Especialmente en países de América Latina marcados por una fuerte inmigración italiana, este es un problema y una necesidad a la espera de ser tenido en cuenta. Quien ha recibido las quejas de descendientes italianos que están haciendo cola durante 10 años para obtener la doble nacionalidad, fue un político, Fausto Longo, senador y miembro del Comité de las cuestiones de italianos en el extranjero, al cual Brasil ha lanzado una petición en línea. https://www.change.org/p/parlamento-riforma-riconoscimento-cittadinanza-discendenti-italiani?recruiter=479757934&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
“Todos somos italianos” es el título del documento, dirigido a las personas que tienen sangre de ascendencia italiana, la voluntad y el orgullo de ser reconocidos italianos, pero que sufren las limitaciones derivadas de las dificultades objetivas de la Red Consular Italiana en el cumplimiento de las masivas peticiones.
En la apelación, el senador Longo pide al Parlamento italiano el ajuste de la legislación con el fin de apoyar que el proceso actual puede ser implementado en las Representaciones Consulares Italianas(para los residentes en el extranjero) y en los municipios italianos (para aquellos que hayan trasladado su residencia a Italia), un procedimiento en virtud del cual los nativos italianos que presenten la solicitud en el municipio italiano de nacimiento, desde el Ascendente que emigró permanentemente fuera de las fronteras nacionales, o, alternativamente, a un municipio de la misma región, sin necesidad de transferir su residencia a Italia.
No menos importante, el Gobierno y el Parlamento deben cambiar primero la tasa de 300 euros por la gestión a las personas que inician los trámites de reconocimiento de la ciudadanía italiana a los representantes consulares. El tributo ya no puede ser percibido directamente por el Departamento (Ministerio de Economía y Finanzas) del Tesoro, sino que debe ser asignado al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, con el fin exclusivo de reforzar la red consular que en la actualidad no tiene recursos económicos y profesionales en número suficiente para satisfacer las demandas de la ciudadanía en los 240 días requeridos por la Constitución.
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