Una denuncia inquietante que podría ser el preludio de un incremento de atentados y eliminaciones en la fase de desarme de la guerrilla, según los tiempos y modalidades previstas en los acuerdos de paz que acaban en entrar en vigencia en Colombia. La denuncia fue presentada por “Cumbre Agraria”, una agrupación que reúne asociaciones campesinas, indígenas y populares del país, donde acaba de concluir un largo y complicado proceso de pacificación. En 2016 – y el año todavía no ha terminado – se registraron 94 homicidios de representantes de grupos que actúan en defensa de los Derechos Humanos. Es la cifra más alta en los últimos seis años, hacen notar los autores del informe, 31 casos más que en 2015.
El informe que detalla los asesinatos, incluyendo el nombre de las víctimas, fue presentado al Gobierno colombiano, a las Naciones Unidas y a la Defensoría del Pueblo, organismo previsto por la Constitución de Colombia para verificar el respeto de los Derechos Humanos.
Con las negociaciones primero, el alto el fuego después y la posterior entrada en vigencia de los Acuerdos de Paz, cayó abruptamente el número de las víctimas de guerra. Pero aumentó en cambio el de las víctimas de la paz, “la violencia sociopolítica contra los defensores de los Derechos Humanos, líderes y dirigentes sociales y populares”, expone el informe, donde se presentan no solo las cifras de homicidios en aumento sino también la verificación de 46 atentados contra líderes sociales, 302 casos de intimidación y cinco desapariciones.
“Cumbre Agraria” no duda en señalar “la presencia del fenómeno paramilitar en el territorio” después de la desmovilización masiva que se produjo entre 2003 y 2006 y la liberación de miembros de los grupos paramilitares que habían surgido para combatir la guerrilla.
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