ORDEN DE DERRIBO. Aumentan los paises latinoamericanos que autorizan a las fuerzas aéreas a abrir fuego contra aeronaves ilegales

Aeronave narco derribada en Bolivia
Aeronave narco derribada en Bolivia
La semana pasada Bolivia  entró a formar parte del grupo de países latinoamericanos que aplican la “Ley de derribo”. El presidente boliviano Evo Morales al dar el anuncio agregó que lo considera “un instrumento importante” en la lucha contra el narcotráfico. “Lamentablemente en el oriente boliviano operan muchas avionetas sin permiso, al interior de Bolivia y (también) se desplazan hacia el exterior. Ahora, con esta norma, tenemos un instrumento que permitirá seguir mejorando la lucha contra el narcotráfico”, dijo.
¿Pero en qué consiste exactamente la “Ley de derribo?
Es una norma que permite a la fuerza aérea de un país derribar, cuando se verifican ciertas condiciones y siguiendo determinados procedimientos, aeronaves sospechosas de estar involucradas en actividades ilícitas, como es precisamente el caso del tráfico de drogas, y que violen la seguridad del Estado u otras normas internacionales. Las condiciones para aplicar la ley de derribo son dos: que las aeronaves no acaten previas órdenes de aterrizaje o identificación y que se encuentren en el espacio aéreo de un país en el cual está prevista la ley.
En realidad Bolivia es solamente el último de los países de América Latina que aprueban una norma de este tipo, pensada principalmente para la lucha contra la grave plaga del narcotráfico. Pionera en la legislación de derribo fue Colombia, que desde siempre ha sido una de las principales rutas del tráfico de armas y estupefacientes. El país introdujo en su ordenamiento la posibilidad de derribar aviones ilegales ya en los años ’90. En la misma época Perú autorizó un procedimiento análogo de derribo de aeronavesa ilegales. El caso más significativo, sin embargo, es el de Brasil, donde la ley fue aprobada en 2004 durante el gobierno de Lula. En este caso también está permitido el derribo de aéreos ilegales pero solo cumpliendo un procedimiento complejo que establece cinco fases y sobre todo la autorización final del Presidente o un delegado del mismo antes de abrir fuego.
En Chile, la presidente Michelle Bachelet firmó un decreto en 2006, durante su primer mandato, que permite interceptar y secuestrar aeronaves.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una normativa específica para “Control y Defensa Integral del Espacio Aéreo” en mayo de 2012; la ley autoriza la aplicación de acciones de “interceptación, persuasión e inutilización” de aeronaves u objetos que violan disposiciones sobre el tráfico aéreo. El presidente Nicolás Maduro afirmó a fines del año pasado que desde la entrada en vigor de esta ley se abatieron 30 aviones involucrados en actividades de narcotráfico.
Sin embargo es necesario aclarar que frente a esta homogeneidad en el comportamiento de los diversos países de la región en lo que se refiere al uso de aeronaves para el tráfico ilegal, el derribo efectivo de aviones constituye más bien la excepción que la regla. Solamente Venezuela, Colombia y Perú recurrieron a esta medida extrema. En el caso de Colombia se calcula que entre 2006 y  2007 ha derribado 14 aviones.
La oportunidad de adoptar o no este tipo de recursos actualmente se está estudiando también en Uruguay y Argentina.
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