Los muertos retornan y piden que los entierren en paz y en verdad. Es lo que está haciendo Brasil, sepultar sus muertos después de medio siglo de vagar en medio de silencios, reticencias y verdades a medias. Para dejar las cosas en claro y archivar de una vez por todas las páginas más dolorosas de la historia nacional, Dilma Rousseff había instituido una comisión en 2011 con el encargo de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares entre los años 1964 y 1985. Ayer la presidente recibió el informe final. “Brasil merece saber la verdad”, dijo Rousseff –quien fue detenida y torturada durante la dictadura- antes de emocionarse y romper a llorar recordando a las víctimas. Agregó después que el trabajo de la Comisión de la verdad es uno de esos “gestos que construyen la democracia” y que “verdad no significa revanchismo”.
El documento está dividido en tres volúmenes y tiene un total de 3.380 páginas. El primero se refiere a los delitos cometidos contra 434 opositores arrestados, torturados y hechos desaparecer. El segundo volumen contiene las investigaciones que realizó la Comisión en los dos años y siete meses de trabajo. El último traza un perfil de las víctimas confirmadas, 244 muertos y 210 desaparecidos.
El informe recomienda que los 377 acusados –entre los cuales figuran los cinco presidentes de la época de la dictadura- sean juzgados individualmente. Al mismo tiempo, pide que las Fuerzas Armadas reconozcan su “responsabilidad institucional” a fin de favorecer la “reconciliación nacional, para que la historia no se repita”. Propone asimismo que se prohiban las celebraciones oficiales que todavía conmemoran el golpe de 1964, que se incluyan temas sobre la democracia y los derechos humanos en las academias militares y de policía, que se suprima la policía militar y se la unifique con la policía civil, que se intensifiquen los esfuerzos para localizar los restos de los desaparecidos y que se cree un Museo de la memoria en Brasilia.
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