Es una palabra que los salvadoreños conocen muy bien por una larga y penosa historia de violencia que llegó hasta las puertas del siglo XXI, hasta que en enero de 1992 se firmaron finalmente los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla en Chapultepec, México. Insurgencia, insurrección. Pero ahora ya no hace referencia a un intento de rebelión armada para derribar a un gobierno que se considera irrecuperable con los instrumentos de la democracia. Quien la usó por primera vez hace algunos días durante una entrevista a un diario de la capital –la experta en temas de violencia, Jeanette Aguilar- la aplica a la situación actual del país, caracterizada por una espiral de actos criminales con la correspondiente respuesta represiva del Estado. “Estamos en una nueva etapa de escalada de violencia”, denunció Aguilar, que también dirige el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA), la misma donde murieron los seis jesuitas asesinados en 1998. “En la que están participando tanto el Estado como las pandillas y otros grupos armados e ilegales”, afirma en sus declaraciones. Aguilar, autora de varios libros sobre las bandas armadas en El Salvador y América Central, avanza incluso un poco más, y ha usado la fatídica palabra para describir una evolución que se está produciendo “hacia un nuevo estadio del conflicto en El Salvador, donde las pandillas se convierten en un movimiento social con las características de un grupo insurgente”.
La Iglesia salvadoreña sigue atentamente con preocupación la posible transformación de la guerra de pandillas que evoca la palabra “insurgencia”. “No podemos acostumbrarnos ni resignarnos ante tantas muertes”, dijo el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas. Gregorio Rosa Chávez, su obispo auxiliar y miembro del Consejo Nacional de Seguridad, ha dejado la puerta abierta al diálogo con “todos los sectores” citando, para reforzar su posición, las palabras que dirigió el Papa Francisco a los detenidos en las cárceles de Ecuador hace solo un mes atrás, donde afirmaba que a ellos tampoco se los debe dejar fuera del diálogo. “Todos deben ser incluidos, esta es la posición del Consejo del que forma parte la Iglesia. Esperamos encontrar el camino”, afirmó el prelado, consciente de que no existen recetas hechas. En la misma sintonía, la Iglesia Luterana de El Salvador declaró a través de su obispo Medardo Gómez que “sin la participación de los pandilleros en la elaboración de programas o estrategias no será posible encontrar una solución para el problema de la violencia”.
Pero la situación de las últimas semanas en las calles de El Salvador parece confirmar las oscuras previsiones de otro largo ciclo de violencia sistemática, organizada y planificada según el estilo que ya conoció el país durante los 23 años de guerra civil. El mes de agosto está por cerrar con un promedio diario de 25 asesinatos –hay cerca de 500 contabilizados hasta el día de ayer-, con cadáveres carbonizados, cuerpos de jóvenes con señales de tortura y ejecuciones múltiples. Son fenómenos que demuestran que se ha producido un salto de escala, lo que llevó a El Salvador a superar a Honduras en el macabro primado de país más violento del mundo sin una guerra declarada.
Las estadísticas de la Policía criminal salvadoreña indican que el promedio de las víctimas de la guerra civil entre 1980 y 1992, de 20 por día, fue superado en los primeros seis meses de 2015. Pero no es todo. A fines de julio las pandillas decretaron un bloqueo del transporte público que paralizó parcialmente la capital, San Salvador, por más de 24 horas. Y para que la orden fuera tomada en serio por los empleados del transporte, las maras asesinaron a 11 conductores e hirieron a otros cuatro, provocando una pérdida económica de 60 millones de dólares. Son las misma prácticas que utilizó la guerrilla en los años de la guerra civil, cuando el FMNL aislaba regiones enteras del país paralizando el transporte público e interrumpiendo el servicio de energía eléctrica.
Por primera vez la reacción del gobierno al intento de las maras de boicotear el transporte fue sacar a la calle a la policía y al ejército, dando origen a la espiral de violencia que se está viviendo. En tres días, entre el domingo 16 y el martes 18 de agosto, el Instituto de Medicina Legal registró 125 asesinatos, un promedio de 41,6 por día y el doble del sangriento tributo diario habitual. “Este panorama no hace más que gritar lo que ya sabemos –comentaron los obispos-, la violencia engendra violencia. Las políticas represivas solas no darán frutos si no se facilita el trabajo prometido en las áreas de reinserción y prevención del delito”.
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