LA IGLESIA BRASILEÑA Y LULA. Se enfrentan dos líneas de pensamiento: los que consideran que la condena es una decisión política y los que afirman que las decisiones judiciales deben ser respetadas

Lula con el cardenal emérito Cláudio Hummes
Lula con el cardenal emérito Cláudio Hummes

En las calles de asfalto de las ciudades brasileñas y en las cibernéticas de las redes sociales, la discusión sigue en estado incandescente. Prácticamente no hubo semana en los últimos meses en que una parte de la sociedad brasileña no se haya manifestado a favor o en contra de Luiz Inácio Lula da Silva, al ritmo de las revelaciones o de las decisiones judiciales de la Operação Lava-Jato. El punto culminante se produjo el 24 de enero, con la condena del ex presidente que gobernó Brasil durante ocho años entre 2003 y 2011 y se propone hacerlo de nuevo. Si la justicia lo permite, porque Lula, como es sabido, está acusado de haber recibido de la constructora OAS un departamento triplex en el balneario de Guarujá, San Pablo, a cambio de su mediación para obtener contratos de la empresa petrolera estatal Petrobras. Más aún, la sentencia recientemente emitida, que inicialmente lo condenaba a nueve años y medio, fue incrementada a 12 años y un mes de prisión. Aunque Lula todavía puede invocar un último recurso para evitar la cárcel.

Para la Iglesia brasileña no han sido meses tranquilos. El juicio de los obispos sobre la tempestuosa contingencia política está dividido, al igual que en el resto de la sociedad. Y no podía ser de otra manera. Hasta qué punto es profunda esa división – los argentinos la llamarían “grieta” – y hacia dónde se inclina la balanza cuando se trata de determinar la opinión mayoritaria de la poderosa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, es prácticamente imposible de determinar con las herramientas de la estadística. Lo que sí se puede observar es que los favorables a Lula son los más activos en la jerarquía brasileña. La prueba es que apenas se conoció la sentencia condenatoria Dom Angélico Bernardino, obispo emérito de Blumenau, estado de Santa Catarina, concedió una serie de entrevistas a medios brasileños afirmando sin ninguna duda que Lula es víctima de una persecución política y lo que le están haciendo es “una afrenta a la democracia”. Hay muchos que quieren completar con Lula el golpe que empezaron antes, argumentó el obispo, emérito desde 2009, en una entrevista al influyente diario Folha de S. Paulo, refiriéndose al juicio político de impeachment que dejó fuera de juego a Dilma Rousseff. Todo el planteo del prelado, quien fue delegado de Brasil en la Conferencia de Aparecida, se funda en la convicción de que no hay evidencias contra Lula. “No se han presentado pruebas, no se ha dejado en claro la situación. No es suficiente acusar a alguien. Hay que presentar pruebas consistentes y después darle amplias posibilidades de defenderse en el juicio”. En síntesis, el obispo critica la falta de imparcialidad en el proceso. “Es preciso que trabajemos sin descanso para que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial muestren un comportamiento ético y den prueba de estar efectivamente al servicio de la verdad y del bien común”. Dom Angélico considera que la manera de salir de las aguas contaminadas en que se encuentra la política brasileña es precisamente permitir que Lula sea candidato en las próximas elecciones presidenciales y dejar que el pueblo tenga la última palabra: “La posibilidad de que Lula participe en las elecciones puede calmar mucho los ánimos”, insiste.  Dom Luiz Carlos Eccel, obispo también emérito de Caçador, en el estado de Santa Catarina, concuerda fundamentalmente con dom Angélico Bernardino. En otra entrevista al diario Gazeta do Povo afirmó que “Lula es una causa que debe ser defendida. Si quieren condenarlo por enriquecimiento ilícito, que encuentren cuentas bancarias a su nombre, documentos, escrituras y datos concretos”. Declaró además que estaba “decepcionado” y “disgustado” con los políticos e instituciones de su propio país.

Carlos Moura, secretario ejecutivo de la Comisión Brasileña Justicia y Paz del episcopado divulgó una nota en la cual critica la sentencia que condena a Lula y pide que sea revisada: “se debe reformar la condena, para que no se difunda en todo el país la barbarie judicial de las sentencias sin pruebas cabales”. “La hipótesis de impedir la candidatura del ex presidente de la república, que dejó el gobierno con el índice más elevado de aprobación de la historia política de Brasil y que las encuestas de opinión dan como favorito, interfiere con el derecho soberano del pueblo de elegir a su gobernante y su correspondiente programa de gobierno”.

En los mismos días del juicio que condenó a Lula se estaba llevando a cabo en Londrina el 14º Encuentro Intereclesial de las Comunidades de Base. Los trabajos, que involucraban cerca de tres mil participantes, entre obispos, religiosos, asesores y operadores de las comunidades de todo Brasil y de América Latina, se suspendieron y se hizo un minuto de silencio “por la democracia” apenas se conoció la sentencia de condena. En el salón principal del encuentro colocaron también una pancarta con la frase “La elección sin Lula es un fraude”, que permaneció expuesta hasta que terminó el evento.

Algunos apoyan de manera inequívoca al ex sindicalista arrastrado al banquillo de los acusados y casi fuera de competencia en sus aspiraciones electorales, pero otros prelados de la CNBB no están en la misma línea. Con tonos y acentos diversos, acusan al histórico líder del Partido de los Trabajadores de haber politizado irremediablemente las instituciones. Dom Orani Tempesta, cardenal de Río de Janeiro, insiste en que Lula debe ser juzgado por los jueces y que “las decisiones de estos deben ser respetadas”. El cardenal, que fue anfitrión del primer viaje del Papa Francisco a América Latina, afirma que se puede decir que el destino del ex presidente está escrito en la Constitución. “No es el número de votos obtenidos por el candidato ni tampoco si ha realizado cosas positivas por el país lo que determina si un tribunal de jueces está o no habilitado para procesarlo por un delito. Son los hechos y las acusaciones. Y a los jueces les corresponde juzgar”. Dom Odilo Scherer, cardenal de San Pablo, considera que el momento que está atravesando Brasil no es tan negativo como lo pintan: “Hemos tenido un período difícil en el que salieron a la luz muchos hechos que estaban encubiertos en el pasado y que felizmente se están destapando. Solo así resulta posible corregir ciertas distorsiones en la vida social, en la vida económica, en la vida pública”. Para Scherer, este momento turbulento también trae consigo una esperanza para el futuro. “Ante una cantidad tan grande de fechorías podríamos sentirnos desalentados y abatidos pero, cuando se empieza a mirar de frente la realidad, a destapar y a tomar las medidas necesarias para sanear una situación que no está bien, ya estamos en la dirección correcta”, afirmó. En la misma sintonía parece encontrarse Dom Jaime Splenger, arzobispo de Porto Alegre, quien ya había manifestado su opinión en una entrevista a la agencia Vatican News antes que la condena de Lula fuera ratificada: “Si hay elementos que realmente comprometen la actuación  de quien fue presidente de la República y en consecuencia merece una condena, entonces que así sea. La justicia es igual para todos”. Dom Sérgio da Rocha, presidente de la CNBB y cardenal de Brasilia, busca un equilibrio entre las dos líneas de pensamiento: “Toda persona tiene derecho a defenderse en cualquier situación y ese es el principio de una auténtica justicia, en todos los sentidos y en todas las instancias” afirma. “Es evidente que debemos estar atentos y respetar el orden constitucional, por eso la Iglesia también debe ser vigilante en este momento”.

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